Nerea tiene 23 años. No quiere salir en fotos, pero sí contar su historia. Fue una de tantas niñas a las que la Justicia mandó a vivir con su padre a pesar de que él abusaba sexualmente de ella desde los cuatro años. Eso que recuerde.
A los 9 se lo dijo a su abuela y su abuela a su madre. A partir de ahí, la maquinaria contra la madre y la propia Nerea se puso en marcha. Ningún estamento judicial las creyó y a Nerea le aplicaron el denominado Síndrome de Alienación Parental (SAP) en contra de la madre, por el que un juez se guio para otorgarle la custodia al padre. Durante seis años con él la convivencia fue “un infierno”.
“No se hablaba del tema, pero había mucha agresividad; yo era un cero a la izquierda, hasta que con 14 años me escapé”, nos cuenta. Desde entonces vive con su familia materna, está serena y tiene un buen trabajo. De la última etapa de convivencia con su padre no puede constatar abusos sexuales, pero está convencida de que la drogaba para hacerlo. “Antes caía redonda para dormir, cosa que no me ha vuelto a pasar desde que regresé a casa de mi abuela. Es un cambio muy brusco que me hace sospechar”.
Nerea habla de estas cosas en contadas ocasiones. Como dice, “abro la puerta al pasado una o dos veces al año, como ahora, porque es el encuentro y aprovecho la oportunidad para visibilizar la violencia vicaria”.
‘Escuhe, actúe, proteja’, el lema para el sistema
El encuentro al que se refiere Nerea es el IV Encuentro Estatal de Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional (VVVI) que se ha desarrollado entre el viernes y ayer sábado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Ella ha asistido a los tres anteriores –el primero fue en 2022- y, como en los otros, a lo largo de dos días se ha analizado este tipo de violencia de género desde la perspectiva de más de 30 destacadas profesionales de todos los ámbitos. En esta ocasión bajo una petición conjunta al sistema para que «escuche, actúe y proteja».
Entre otras, por ejemplo, la Fiscal de Sala de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, Teresa Peramato y la Fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado, María Eugenia Prendes; las magistradas, Isabel Giménez y Victoria Rosell; el médico forense Miguel Lorente; la psiquiatra del Hospital Clinic de Barcelona, Llüisa García; la pediatra Narcisa Palomino; la médica de Atención Primaria Mar Rodríguez; la Trabajadora social Ana María González Lupión; la educadora y formadora Carmen Ruiz o la periodista especializada en género, Marisa Kohan.
‘Tortura institucional’
Junto a ellas, además de víctimas como Nerea, cerca de 100 madres protectoras llegadas de toda España para hablar y escucharse. Son madres sin hijos arrebatados por un sistema que ha dado la razón al maltratador y a ellas las considera “locas”. Madres como Juana Rivas, un símbolo de esperanza allí presente, pero con la historia de lucha marcada en el rostro.
Todas son víctimas de violencia machista perpetua porque, aunque sin golpes, en la distancia sus maltratadores les siguen haciendo daño con lo que más les duele. Además, están “mal vistas” socialmente y consideradas “mujeres alteradas” porque se revuelven contra resoluciones injustas que perjudican a los quieren proteger.
Son amenazadas por jueces, por abogados, por los maltratadores y revictimizadas una y otra vez por sistema que las “tortura”, en lugar de protegerlas y atenta contra sus derechos humanos. Son víctimas de múltiples violencias, incluida la institucional, por denunciar que a sus hijos, sus progenitores les están haciendo daño.
Parte de las soluciones que se han desgranado desde el viernes y hasta ayer tienen como objetivo evitar las situaciones por las que pasan las madres protectoras durante el proceso de denuncia. En general, con consecuencias psicológicas irreparables para ellas y para sus hijas e hijos, como víctimas de violencia vicaria.
“Desde el arrancamiento, estoy muerta en vida”
Es el caso de Irune Costumero, una de las madres protectoras llegada desde Bilbao. Ella denunció por primera vez al padre de su hija por violencia de género cuando la cría tenía meses de vida. De esa primera denuncia salió absuelto. De la segunda, que fue por injurias, no, y tras ser condenado, secuestró a la hija de ambos de apenas un año y durante dos meses estuvo con ella en paradero desconocido. “Yo no supe si estaba viva o muerta”.
A pesar de ello, una jueza impuso la custodia compartida. Cinco años después, tras un proceso administrativo y judicial largo y doloroso para evitar que la niña estuviera con el maltratador, el 4 de agosto de 2017, un grupo de agentes armados entró en casa de Irune y le arrancó a su hija de los brazos para llevársela con su padre a quien se le concedió la custodia exclusiva. Desde entonces, Irune cumple con la pensión por alimentos y con el régimen de visitas que tiene estipulado. “Aquel día morí en vida y no he resucitado”.
En su forma de contarlo, hay una aceptación dolorosa. Sentada frente a las puertas de la Facultad de Periodismo, apoyada en una de esas columnas de cemento gris que tanto caracterizan el edificio, Irune que es una mujer fuerte, nos habla de desesperanza.
“Cuando empiezas en esto”, explica con calma, “tienes confianza en la Justicia y crees firmemente en que alguien se dará cuenta de lo que pasa; pero luego, te adentras en las garras del SAP, que te atrapa, y ahí te quedas, dando vueltas como un hámster en la rueda de la Justicia”. “Desgraciadamente, va a ser mi hija quien se salve sola porque el sistema le ha fallado”, concluye.
El SAP como parte de la ‘violencia de género’
Precisamente, el SAP, las siglas del Síndrome de Alienación Parental y sus consecuencias, estuvieron muy presentes en las conversaciones de las asistentes y en las intervenciones de las expertas. La mayoría de las madres protectoras son víctimas de este ‘falso diagnóstico’ que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desautoriza en procesos judiciales calificándolo de ‘teoría pseudocientífica’.
De ello habló en su ponencia marco la jueza de familia sustituta del Juzgado de Barcelona Isabel Giménez, famosa por explicar a las niñas y niños víctimas las sentencias sobre violencia de género a través de cartas con un lenguaje que puedan entender.
Jiménez es firme defensora de “escuchar detenidamente al menor, de tener en cuenta los tipos de violencia en todos los procesos y de hacer una justicia desde la sensibilidad y la empatía”.
En una entrevista para este medio, tras su ponencia marco, la jueza nos mostró su «preocupación” acerca de la introducción del SAP en los informes de evaluación que los profesionales sanitarios realizan sobre la situación de los menores, a pesar de las recomendaciones en contra. Para evitarlo del todo, defiende a ultranza que este ‘falso constructo’, como define al SAP, se tipifique en la ley como una forma de violencia de género, “que es lo que es”, afirma rotunda.
«Patrón estructural» de discriminación en la Justicia, según la ONU
Para juezas como Jiménez y para las organizaciones que unen a las madres protectoras contra la violencia vicaria, el SAP es una patología inexistente utilizada de manera recurrente para deslegitimizar el testimonio de las madres y de sus hijas e hijos cuando denuncian violencia de género y/o violencia sexual intrafamiliar.
Y se apoyan, además de en la práctica de la aplicación, en las manifestaciones de la relatora sobre violencia hacia la mujer de Naciones Unidas, Reem Alsalem. El organismo que dirige ha pedido explicaciones al Estado español hasta en cinco ocasiones sobre el empleo de esta inexistente patología en procesos judiciales. Incluso ha hablado de un “patrón estructural” en la Justicia española que desprotege a los niños y discrimina a las mujeres.
“Hay normas contra la violencia vicaria, pero no se aplican”
Cuando el viernes por la mañana, Francisca Granados, asesora jurídica y codirectora del encuentro, inauguraba las jornadas con una rueda de prensa, ya se sabía que una niña de 13 años, había sido asesinada esa madrugada por su padre en Bilbao. Un caso claro de violencia vicaria confirmado horas después por el Ministerio de Igualdad.
La noticia daba aún más sentido, si eso era posible, a aquellos dos días de debate sobre un asunto que, como afirmó Granados, “debería tratase como un tema de Estado”. Porque si bien «el asesinato es la consecuencia más extrema”, continuó, “es solo la punta del iceberg de la violencia vicaria y el problema más grave de violencia de género que sufren día a día miles de niños y niñas en España”.
Pese a ello, acusó a las instituciones de hacer “dejación de funciones” a la hora de evitar la expansión de este tipo de violencia por no aplicar adecuadamente la normativa existente para la protección de las víctimas.
Como explicó posteriormente Ana María Lupión, también codirectora del encuentro y responsable de programa de la organización Mujeres Libre, Mujeres en Paz, “no se trata de hacer una guerra contra el sistema judicial, ni mucho menos, sino de alertar sobre lo que no funciona y buscar soluciones urgentes”.
Una ‘Hoja de ruta estatal’ con medidas concretas
Uno de los hitos más importantes con los que se ha cerrado este IV Encuentro Estatal de Violencia Vicaria es la presentación de una ‘Hoja de ruta estatal’ con medidas concretas dirigidas a prevenir y erradicar la violencia institucional y la victimización secundaria.
Todas las medidas incluidas parten de un trabajo multidisciplinar consensuado, realizado desde 2019, a partir de dos grandes causas: la campaña ‘Mama está castigada’ y el ‘caso Juana Rivas’.
El objetivo es convertirlo en protocolo de aplicación en todo el territorio nacional para garantizar, entre otras cuestiones, las siguientes: una detección adecuada de la violencia; atención profesionalizada e igualitaria y la protección del menor impidiendo cualquier contacto con el maltratador (custodia, régimen de visitas o similares).
Además, la guía ahonda en la necesidad de que los órganos que entran en contacto con el menor actúen de acuerdo con los derechos de estos, pero sin confundirlos con obligaciones que se les impone. Un ejemplo sería obligarles a ver o vivir con el maltratador.
Por último, el documento sostiene también la implantación de una formación acreditada de los profesionales de todos los ámbitos del sistema (sanidad, abogacía, judicatura, trabajo social, educación, etcétera), así como de facilitar el acceso a los recursos públicos de las víctimas y establecer mecanismos de reparación a las víctimas.