La máxima de las madres protectoras frente a la violencia vicaria es no rendirse. Juana Rivas lo sabe bien a pesar de lo reveses judiciales que azotan su causa desde 2016. El último, la orden emitida hace apenas unos días por el juzgado de Granada para que Rivas entregue al menor de sus hijos -Daniel- a su padre, el italiano Fracesco Arcuri. La fecha, el próximo 22 de julio.
Nada más conocerse la noticia, colectivos feministas y plataformas como ’25N’ y ‘8M de Granada’ hicieron una llamada al sistema judicial para que se tuviera en cuenta la versión del menor. La negativa fue tajante y, ahora, tras la sentencia los mismos colectivos se han movilizado para recoger firmas en el portal Change.org.
Incluso la ministra de Infancia, Sira Rego, le ha pedido hoy a la Fiscalía que haga lo posible por «hacer cumplir los derechos de Daniel». Rego se ha pronunciado en redes sociales tras recibir una carta del propio Daniel que la titular de Infancia ha calificado de «durísima». En ella, dice la ministra, «me pide ayuda porque tiene miedo, está aterrorizado» y no quiere volver a Italia.
Por eso, la intención es juntar 100.000 apoyos para pedir a las autoridades españolas y europeas frenar la entrega de Daniel. El niño se encuentra en España desde finales de 2024, tras denunciar presuntos malos tratos por parte de su progenitor.
Objetivo, Europa
Con esta iniciativa, los colectivos de mujeres pretenden elevar su petición a los ministerios de Justicia y de Juventud e Infancia y al Defensor del Pueblo, en España, así como a la Comisión Europea. En el texto que acompaña a la llamamiento, denuncian que el menor podría quedar bajo el cuidado de un padre “maltratador” si se cumple la ejecución de la resolución judicial emitida en Italia. Arcuri tiene la custodia legal del niño según resoluciones firmes del Tribunal de Apelación de Cagliari.
El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada ha fijado la comparecencia de Juana Rivas para el martes 22 de julio entre las 10.00 y las 11.00 horas para ejecutar la entrega. En el auto, de fecha 14 de julio, la jueza justifica su fallo en “la controversia en la que se encuentra inmerso” el menor y “el tiempo de permanencia en España”.
Junto a su razonamiento, establece medidas para “el tránsito tranquilo» del menor y su traslado a Italia de la forma más adecuada a su edad e interés”.
«Miedo» a volver con su padre
Inicialmente, un juzgado de guardia en Granada suspendió provisionalmente la restitución del menor tras la visita a su madre en las fiestas navideñas. La madre reiteró en múltiples ocasiones el miedo del niño y su temor hacia el padre.
La Fiscalía española apoyó mantener al niño temporalmente en España como medida cautelar mientras se resolvían las denuncias. La madre siempre ha sostenido que su hijo le ha relatado episodios de violencia y miedo.
Incluso ha solicitado que se respete su deseo de permanecer en España con ella. Sin embargo, la vía judicial para acreditar esos hechos no ha prosperado.
Archivo de la querella por violencia vicaria
Poco después, en febrero pasado, la Justicia archivó una querella que Juana Rivas interpuso contra Francesco Arcuri por presunta violencia vicaria. La decisión fue de la Fiscalía al considerar que no se apreciaban indicios suficientes de delito. Aunque la madre la presentó en julio de 2023, tras una estancia temporal del menor, los fiscales determinaron que no se daban las condiciones necesarias para iniciar un procedimiento penal contra el progenitor.
El archivo de esta causa se ha visto por diversos sectores como un nuevo revés judicial para Juana Rivas, cuyo caso ha estado rodeado de luchas judiciales desde 2016. Entonces, decidió no devolver a sus dos hijos a Italia tras unas vacaciones en España, argumentando que huía de una situación de violencia.
A pesar de que la Justicia condenó a Arcuri en 2009 por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género —a seis meses de prisión, sin ingreso efectivo, tras un acuerdo entre las partes—, los tribunales italianos le otorgaron la custodia de los menores. Por su parte, la justicia española, a través de procedimientos civiles de restitución internacional, reconoció esas decisiones y ordenó la devolución de los niños.
En 2017, Juana Rivas incumplió la orden de entrega de sus dos hijos, ambos menores por entonces, y tras varios días desaparecida, se enfrentó a una condena de cinco años de prisión por sustracción de menores.
Condenada por sustracción de menores
En 2017, Juana Rivas fue condenada por sustracción de menores de cinco años de prisión y seis años de inhabilitación para ejercer la patria potestad.
Sin embargo, tras varias campañas de apoyo social y recursos jurídicos, el Gobierno aprobó un indulto parcial en 2021, con el aval del Gobierno. Con ello, la pena se redujo a la mitad y pudo evitar el ingreso en prisión con el cumplimiento de trabajos en beneficio de la comunidad. En 2022, se le devolvió la patria potestad sobre sus hijos.
Desde entonces, Rivas ha intentado reabrir causas judiciales en defensa de sus hijos. La querella por violencia vicaria, ahora archivada, era una de ellas. También ha contado con el respaldo de organizaciones feministas y de defensa de la infancia que han denunciado, en foros internacionales, que el sistema judicial no está protegiendo adecuadamente los derechos del menor.
El caso de violencia analizado en Europa
El caso de Juana Rivas ha sido considerado por muchos colectivos como un símbolo de la violencia vicaria. Esta es una forma de violencia machista está recogida en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En su texto establece que esta violencia es la que seercer violencia contra los hijos para causar daño a la madre.
Desde la inclusión del concepto en la legislación española, se han documentado decenas de casos en los que la custodia compartida o exclusiva ha sido concedida a hombres con antecedentes de violencia de género o denunciados por sus exparejas. Muchas situaciones han generado una profunda controversia en la aplicación del principio del interés superior del menor.
En 2021, el Gobierno aprobó un indulto parcial para Juana Rivas que le permitió eludir la entrada en prisión.
El caso de Juana Rivas, además, ha llegado a instituciones europeas donde se ha analizado pormenorizadamente. En 2020, el Parlamento Europeo celebró una sesión sobre violencia de género y sustracción de menores en la UE en la que se mencionó el conflicto judicial de Rivas, junto con otros casos similares.
Las plataformas feministas continúan movilizadas frente a la idea de que no se puede entregar a un niño que ha pedido no volver con su padre y que dice tener miedo. Algunos colectivos como el movimiento 8M Granada, apuntan a que es una cuestión de derechos humanos. Es cuestión de derechos humanos, no solo de custodias.