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Este martes, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria. Se trata de la primera normativa en Europa que tipifica este maltrato como delito autónomo con agravante de género. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, presente en la rueda de prensa tras la reunión de ministros, ha subrayado que se trata de una ley que da «respuesta a todas las víctimas y sus familiares».

Ha añadido, además, que lo hace a través de la tipificación de la violencia vicaria con penas específicas y con medidas civiles reforzadas”.

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La ley se enmarca en un contexto actual de extrema gravedad. No solo por los casos de asesinatos de menores a manos de las parejas o exparejas de sus madres –tres en lo que llevamos de 2025; nueve, en 2024 y, 65 desde que hay registros oficiales en 2013. También por el número de menores en riesgo que padecen a diario la violencia de género por contacto directo con el agresor de sus madres.

Un delito autónomo y nuevas medidas judiciales

El texto aprobado modifica e impacta seis normas clave. La Ley Integral contra la Violencia de Género, el Código Penal, el Código Civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Protección Jurídica del Menor y la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así, en el Código Penal se crea el artículo 173 bis, que tipifica la violencia vicaria como delito autónomo contra la integridad moral y se pena entre seis meses a tres años de prisión y sanciones acumuladas. También, importante, se prohíbe dar voz a los agresores mediante la publicación o difusión de mensajes o imágenes vinculadas a los crímenes.

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José Bretón, condenado por el asesinato de sus hijos, Ruth y José, en una imagen de RTVE.

En cuanto al Código Civil, en este se refuerza la obligación de escuchar a los hijos e hijas menores de edad y a las personas con discapacidad antes de decidir sobre custodia o visitas. Asimismo, se endurecen los requisitos para conceder régimen de visitas a progenitores inmersos en procesos por violencia de género.

De la misma forma, también tiene un gran calado en lo referente a la protección a la infancia. Sobre todo porque la nueva norma agiliza los procedimientos de patria potestad y incluye la exposición a violencia vicaria como indicador de riesgo.

Además, la ley incorpora medidas de sensibilización y formación para jueces, fiscales, policía y profesionales de atención a víctimas. Con ello se pretende garantizar que la violencia vicaria se estudie en oposiciones y asentar una formación continua sobre la materia.

Es «revolucionario» garantizar la escucha del menor

Sobre este asunto se ha pronunciado la catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, Paz Lloria, experta en violencia de género, en una entrevista concedida a RNE. Según la profesora, la regulación aporta “una carga simbólica y complementa la tutela”, ya que no solo protege la vida o la salud, sino también la integridad moral de la mujer que la sufre.

Además, la jurista ha señalado que el anteproyecto resuelve una laguna legal al reconocer el daño emocional a las madres como un bien jurídico protegido. Y sobre ello, destacó especialmente la introducción de la perspectiva de infancia, señalando que “garantizar sin fisuras el derecho a la escucha del menor es revolucionario”.

La ministra Redondo insistió en que la norma “pretende visibilizar, reconocer, prevenir, sancionar y erradicar la violencia vicaria”. Y lo hace, reforzando los derechos de los menores y dando respuesta a una de las formas más crueles de violencia machista. Además, sitúa a nuestro país a la vanguardia en materia de igualdad y justicia. Además, responde a una deuda histórica con las víctimas y sus familias, largamente reivindicada.