El Ministerio de Sanidad exige a la Comunidad de Madrid que anule los pactos de confidencialidad que varios hospitales públicos han hecho firmar a su personal. En concreto, el departamento que dirige Mónica García envió este martes un requerimiento formal al Gobierno regional, después de que trascendiera que al menos el Hospital Universitario Doctor Rodríguez Lafora y el Hospital Universitario de Getafe habían repartido entre sus profesionales un compromiso de «estricta confidencialidad» sobre toda la información a la que accedan en su trabajo.
El propio documento advierte, además, de que incumplirlo puede acarrear responsabilidades disciplinarias, administrativas o penales, invocando el delito de revelación de secretos de los artículos 197 y siguientes del Código Penal.
Protección de datos frente a confidencialidad
García ha informado de ello durante su participación en una campaña para combatir el estigma y la culpa en torno al aborto, en la que no dudó en calificar estos pactos de «coacción».
Todo ello, a raíz de la denuncia que realizó el cirujano del Hospital Ramón y Cajal Luis Alberto Martos, que había alertado de la manipulación de las listas de espera del centro. Frente a esa denuncia, según reprochó la ministra, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso optó por abrir una investigación sobre el propio médico, en lugar de sobre las irregularidades que había señalado.
«Los profesionales sanitarios no son súbditos, no trabajan en ningún cortijo». Mónica García, ministra de Sanidad.
A este respecto, la ministra distinguió con claridad entre dos cosas que, a su juicio, se están confundiendo deliberadamente. Una es la protección de datos de los pacientes —una obligación que «debe cumplirse siempre»— y otra, usar la confidencialidad como arma para ocultar lo que sucede dentro de un hospital.
Sostuvo que estos documentos no se limitan a desincentivar las denuncias de irregularidades, sino que también sirven para señalar a quienes ya las han presentado. Y enmarcó esa práctica en una infracción concreta, la del artículo 36 de la Ley 2/2003, que protege a los denunciantes de fraudes e irregularidades y prohíbe expresamente las represalias, ya sea en forma de ataque reputacional, acoso, ostracismo, insulto o señalamiento. «Los profesionales sanitarios no son súbditos, no trabajan en ningún cortijo», zanjó.
Maquillar las listas de espera
García aprovechó además para señalar una segunda práctica que atribuye a varias comunidades autónomas, Madrid entre ellas. Se trata del maquillaje estadístico de las listas de espera, cuya existencia considera demostrada «a ciencia cierta» gracias a denuncias como la de Martos.
Como respuesta a este problema, su departamento prepara un real decreto que obligará a contar la demora desde el momento en que un médico indica una consulta, prueba o intervención, e incorporará por primera vez a la Atención Primaria en ese cómputo.