La Federación de Municipios de Madrid (FMM) ha pedido al Gobierno de España que mejore la prestación CUME, la ayuda que reciben las familias que cuidan de un hijo con cáncer u otra enfermedad grave. Su principal reclamación es que esta ayuda no se pierda cuando el hijo cumple 26 años si sigue en situación de gran dependencia.

La prestación CUME es una ayuda económica para madres y padres que tienen que reducir su jornada laboral para cuidar de forma directa y continuada a un hijo menor o joven gravemente enfermo. Sirve para compensar el sueldo que dejan de cobrar por trabajar menos horas, aunque actualmente, la familia deja de recibirla cuando el hijo cumple 26 años.

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Familias desprotegidas

Según la FMM, ese límite de edad “deja desprotegidas a muchas familias”, porque al cumplir 26 años la situación del hijo no cambia. Sigue teniendo gran dependencia o una discapacidad igual o superior al 65% y continúa necesitando cuidados.

Por eso, la primera medida que reclama la federación es que la prestación, y también el permiso laboral asociado a ella, se mantengan después de los 26 años en dos casos. El primero, cuando el hijo tenga reconocida una gran dependencia (grado III) o una discapacidad igual o superior al 65%. Para ello, debe seguir viviendo con su familia y tiene que acreditarse que necesita cuidados directos y continuos. La FMM pide además que las familias que han perdido la ayuda hace poco por haber llegado a esa edad puedan solicitar que se revise su caso, si siguen cumpliendo estos requisitos.

En segundo lugar, la federación quiere que la ayuda se adapte a la forma en que se atiende hoy a los pacientes. Pide que la hospitalización a domicilio y la atención especializada en consultas externas den el mismo derecho a la prestación que un ingreso en el hospital, sin que la protección se reduzca. También propone fomentar que padres y madres se repartan los cuidados.

Unificación de criterios y transparencia

Por otro lado, a todo lo anterior añaden otra petición que busca acabar con las diferencias en la tramitación. Es decir, que las distintas entidades y mutuas que gestionan las ayudas apliquen los mismos criterios, que estos sean públicos y transparentes y que se reduzca la burocracia, para que el acceso no dependa del lugar ni del organismo que resuelva.

Por último, la federación pide al Gobierno que garantice el dinero necesario para aplicar estos cambios con seguridad jurídica y que mantenga un diálogo permanente con las familias, las asociaciones de pacientes y las entidades sociales.

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