Las familias de las personas mayores que murieron en residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia de covid-19 están dispuestas a llevar su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si no obtienen justicia en España. Lo han anunciado este martes en una rueda de prensa en Madrid, en la que han denunciado la “desidia total” de muchos juzgados cuando se cumplen dos años de la denuncia colectiva que presentaron por la muerte de 7.291 personas mayores en estos centros.
Aquella denuncia la firmaron 109 familiares contra antiguos altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En ella cuestionaban los protocolos que limitaban el traslado de residentes a los hospitales, la falta de medicalización de las residencias y la negativa a trasladar a quienes no tenían un seguro médico privado.
Según el equipo jurídico de las asociaciones de familiares, el principal obstáculo surgió al inicio, cuando la entonces fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, dividió el procedimiento en múltiples causas en lugar de abrir una sola macrocausa. Una decisión que, a su juicio, ha provocado un enorme atasco y está lastrando la investigación.
118 causas siguen adelante
Además, según el abogado Carlos Castillo hay 39 causas abiertas en juzgados de instrucción de la Comunidad de Madrid, 18 pendientes de recursos de apelación en las audiencias provinciales y 14 en el Tribunal Constitucional, donde se han recurrido sus archivos, además de otra que está previsto recurrir.
Hay que añadir a estos otros 10 procedimientos que se han archivado, y tres más abiertos que llevan otros equipos de abogados. Según Castillo, 118 denunciantes siguen adelante con sus causas.
El equipo jurídico de los familiares de fallecidos califica de «inaudito» que ningún juzgado haya recibido el plan de choque contra la Covid del Gobierno Regional.
Por su parte, la abogada Alejandra Jacinto, también del equipo jurídico, ha reprochado que muchos juzgados no actúen con la rapidez que exige el caso, sobre todo por el riesgo de prescripción, que ya ha llevado al archivo de alguna causa. También ha lamentado que los jueces se limiten a examinar los protocolos sin investigar el resto de los hechos denunciados. En muchos casos, ha explicado, se pide un informe forense que concluye que el traslado al hospital no habría garantizado la vida de la persona y, con ello, se entiende que “no se ha consumado el delito”.
La vista puesta en la Audiencia Provincial
Jacinto ha calificado de “inaudito” que ningún juzgado haya recibido el plan de choque contra la covid del Gobierno regional, que contemplaba medicalizar las residencias. Ha criticado además el conflicto de competencias entre juzgados, que según ella está permitiendo que los presuntos responsables queden impunes.
Mientras tanto, las familias depositan ahora sus esperanzas en el 23 de noviembre, cuando se conozca si la junta de magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid decide unificar todas las causas en una sola