La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid ha acordado que el Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles remita parte de una investigación relacionada con fallecimientos en residencias durante la pandemia al Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, al considerar que ambos procedimientos están vinculados por hechos relacionados con una presunta denegación discriminatoria de asistencia sanitaria a personas mayores en lo que se conoce como los ‘protocolos de la vergüenza’.
La resolución se enmarca en una cuestión de competencia planteada entre ambos órganos judiciales. Según recoge el auto, la acumulación de las investigaciones permitirá «evitar resoluciones contradictorias y garantizar una adecuada administración de Justicia».
La Sala señala que la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla la tramitación conjunta de procedimientos cuando exista una conexión directa entre los hechos investigados que aconseje su instrucción en una misma causa.
En este sentido, la Audiencia considera que trasladar las actuaciones al Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid «permitirá la investigación unificada de los hechos y la determinación conjunta de las eventuales responsabilidades penales de las personas investigadas, evitando duplicidad de actuaciones y posibles resoluciones contradictorias».
Por ello, acuerda la inhibición parcial del juzgado mostoleño respecto a los hechos que pudieran constituir un presunto delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria y ordena remitir la documentación al órgano judicial madrileño, que ya instruye una causa relacionada con estos hechos.
La decisión difiere de la adoptada el pasado mes de abril por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid, que rechazó concentrar en un único juzgado más de una veintena de procedimientos vinculados a los fallecimientos registrados en residencias durante la crisis sanitaria.
Los familiares de las víctimas ven positiva la resolución
Tras conocerse la resolución, el equipo jurídico que representa a familiares de víctimas en más de 80 procedimientos judiciales ha valorado positivamente la decisión al entender que respalda la conveniencia de una investigación conjunta.
No obstante, los abogados han mostrado su discrepancia con la resolución adoptada anteriormente por la Sección Primera al considerar que ambas decisiones generan criterios diferentes sobre la acumulación de causas.
«Nos felicitamos de la decisión adoptada por la Sección Séptima. Ahora en Madrid nos encontramos con una situación inédita y caótica: se acumularán unos casos y otros no. Debería buscarse una solución para que haya una investigación conjunta, igual que ocurre con la DANA en Valencia«, han manifestado.
Los letrados también han señalado que continuarán adaptando su estrategia procesal a las decisiones judiciales que se adopten, manteniendo como prioridad «la defensa de las víctimas de las residencias y el restablecimiento de la verdad».
