El desahucio de Josefina, la viuda de 62 años que vive con sus cinco hijos en una vivienda de la Agencia de Vivienda Social (AVS) en Leganés, ha quedado paralizado indefinidamente. La decisión supone un nuevo giro en el caso de esta familia, cuyo lanzamiento estaba previsto para este martes, aunque el desahucio queda suspendido sin una nueva fecha fijada.
Según ha trasladado Feli Velázquez, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Leganés, a Noticias para Municipios, la paralización está relacionada con la falta de una alternativa habitacional y con el recurso presentado por la vía judicial.
La portavoz de la PAH sostiene que la familia reúne tres circunstancias contempladas en el real decreto-ley aprobado por el Gobierno central para la protección de personas en situación de vulnerabilidad: no disponer de una alternativa habitacional, encontrarse en una situación de vulnerabilidad y tener un hijo enfermo.
Un nuevo escenario para Josefina y sus hijos
La paralización indefinida abre un nuevo escenario para Josefina, que afrontaba la posibilidad de perder su vivienda junto a sus cinco hijos. La falta de una alternativa habitacional había sido uno de los principales obstáculos para ejecutar el desahucio.
Desde la PAH de Leganés se ha trasladado la nueva situación del procedimiento, después de las gestiones realizadas por la vía judicial. La suspensión supone que, por el momento, el lanzamiento no tiene una fecha prevista, a la espera de la evolución del procedimiento.
El caso vuelve a poner el foco en la situación de las familias vulnerables que se enfrentan a un desahucio sin disponer de una vivienda alternativa, especialmente cuando existen circunstancias familiares y de salud que agravan su situación.
Desde la PAH consideran que Josefina se encuentra en una «evidente situación de vulnerabilidad», por lo que llevan tiempo reclamando a la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid una solución que le permita mantener el uso residencial de la vivienda.
Una vivienda adjudicada cuando Josefina estaba casada
El origen del conflicto se remonta a la adjudicación del inmueble por parte del antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), cuando Josefina todavía estaba casada. En aquel momento, el contrato quedó formalizado a nombre de su marido.
Tras el fallecimiento de este, y después de una inspección rutinaria realizada por la propia Administración de vivienda, se le requirió que iniciara los trámites necesarios para regularizar su situación como ocupante de la vivienda.
En concreto, según el relato trasladado por la PAH, se le solicitó que gestionara un cambio de titularidad o la subrogación del contrato. Josefina asegura que realizó los trámites requeridos, pero tiempo después dos trabajadoras acudieron a su domicilio para comunicarle que el expediente había quedado archivado por falta de documentación.
Una discapacidad que le impide trabajar
Uno de los principales argumentos de la PAH para reclamar una solución es la situación personal y económica de Josefina. La mujer tiene reconocida una discapacidad que le impide trabajar y, según la plataforma, depende económicamente de sus hijos.
Desde la organización denuncian que, en el marco de las gestiones con la Administración, se habría trasladado a Josefina que sus hijos ya son mayores de edad y que existen otras familias que necesitan más la vivienda pública.
La familia rechaza este argumento y sostiene que la mayoría de edad de los hijos no elimina las dificultades económicas y sociales que atraviesan. La situación, según la PAH, se ve agravada por los graves problemas relacionados con el consumo de drogas que afronta uno de los hijos.
La plataforma considera que estas circunstancias deben tenerse en cuenta a la hora de valorar la continuidad de la familia en la vivienda y reclama que se estudie su situación de forma integral.