El Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid ha rechazado la solicitud de la Comunidad de Madrid para personarse como acusación particular en el ‘caso FP’, donde se investigan presuntas irregularidades en las obras de varios centros de Formación Profesional de la región.
Según consta en una resolución judicial, el juez ha determinado que el Gobierno regional no puede formar parte del procedimiento en calidad de perjudicado. Contra esta decisión, cabe la posibilidad de presentar un recurso de reforma.
En febrero de 2024, la Comunidad de Madrid presentó un escrito solicitando su inclusión en la causa que se sigue por el ‘Caso FP’, argumentando que las presuntas irregularidades fueron denunciadas por la propia Consejería de Educación, Ciencia y Universidades.
Dicha Consejería remitió en marzo de 2024 un informe a la Fiscalía Provincial de Madrid, instando a investigar posibles irregularidades en la reforma de un edificio del complejo educativo Ciudad Escolar y la implicación de funcionarios públicos en la adjudicación de contratos.
Varios funcionarios públicos, entre ellos el anterior subdirector general de Formación Profesional, que fue cesado en febrero de 2024, podrían estar implicados en estos supuestos delitos.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ya había adelantado la intención del Ejecutivo autonómico de personarse en la causa cuando la instrucción lo permitiera. En su momento, destacó que fue la propia Comunidad de Madrid quien acudió a la Fiscalía para denunciar las anomalías detectadas, ante la sospecha de que podrían haberse fraccionado contratos.
El juzgado está investigando ahora si, en lugar de sacar a concurso público las obras de más 40.000 euros más IVA que tenían que hacerse en varios centros educativos, alguien eligió a dedo a las empresas que harían los trabajos. Para ello, presuntamente, se habrían troceado contratos y facturas.
