El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se ha comprometido este jueves a seguir «desarrollando actuaciones procedentes» en la Puerta del Sol ante la acampada contra los desahucios y la situación de la vivienda, pero sin ordenar su desalojo.
Martín ha defendido que cualquier actuación se hará dentro de la ley y, según sus palabras, «en respeto del derecho de reunión», una postura con la que ha apelado a la colaboración entre las instituciones.
Sus declaraciones a la prensa, previas a un desayuno informativo del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, coincidieron con el último día del plazo de 48 horas que la Comunidad de Madrid había dado a la Delegación para desalojar la plaza.
Cumplido el plazo de 48 horas
Agotado ese margen, el Gobierno regional ha cumplido su advertencia y ya ha presentado el recurso contencioso-administrativo anunciado por Isabel Díaz Ayuso. En él, pide medidas cautelarísimas para el desalojo inmediato, después de que Martín rechazara los requerimientos de la Comunidad y del Ayuntamiento para ordenar a la Policía Nacional disolver la acampada.
En el escrito, la Abogacía General de la Comunidad sostiene que se han superado los límites del derecho de reunión y que existe una «ocupación ilegal del espacio público». El recurso incorpora además un informe de Patrimonio que atribuye a la acampada un daño directo sobre dos Bienes de Interés Cultural, la Real Casa de Correos y la escultura del Oso y el Madroño, lo que a juicio del Ejecutivo podría constituir un delito de expolio.
En el escrito de la Comunidad de Madrid, la Abogacía General de la Comunidad sostiene que se han superado los límites del derecho de reunión y que existe una «ocupación ilegal del espacio público».
El delegado pide respeto al derecho de reunión
La respuesta del delegado no es nueva. Ya el martes, cuando recibió el ultimátum, reclamó a la Comunidad respeto al derecho fundamental de reunión. Además, le pidió a Ayuso que contribuya a convalidar los reales decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros y que ejerza sus competencias autonómicas en la materia. La Delegación aseguró entonces que mantiene su compromiso con la seguridad ciudadana y con la protección de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.
El Ayuntamiento de la capital se ha sumado a la presión. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, remitió a la Delegación y al Ministerio del Interior un documento con imágenes de cuchillos de gran tamaño, adoquines y hornillos localizados en el campamento, que, según dijo, serviría a efectos de una posible querella penal. El Consistorio estudia querellarse contra el delegado por «dejación de funciones». Pese a estas denuncias, no se ha registrado ningún altercado en la acampada.
La protesta comenzó el sábado pasado a raíz del desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años expulsada de la vivienda del Retiro en la que llevaba 70 años. Tras la polémica, el Ayuntamiento, el Sindicato de Inquilinas y la empresa propietaria alcanzaron un acuerdo para que pudiera seguir residiendo allí. Desde entonces, el campamento no ha dejado de crecer y ya suma 1.248 tiendas de campaña.