El controvertido ático de Chamberí que compró el pasado mes de abril la Comunidad de Madrid a través de la empresa pública Planifica Madrid y que iba a ser oficina temporal de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha llegado hasta la Justicia. El Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid investiga cinco denuncias relacionadas con esta adquisición.
Fuentes jurídicas han confirmado que el juzgado ha recibido en las últimas horas cuatro nuevas denuncias: tres interpuestas por particulares y otra presentada por el PSOE, cuya iniciativa había sido anunciada la semana pasada. Estas se añaden a una primera denuncia formulada por el partido anticorrupción Iustitia Europa.
De acuerdo con el escrito judicial, el juzgado ya había iniciado diligencias «por los mismos hechos» que se recogen en las nuevas denuncias. Por este motivo, ha acordado archivar estas últimas actuaciones para incorporar la documentación al procedimiento que ya se encontraba abierto.
Oficinas que no podían ser tales
La controversia se desató cuando se dio a conocer la compra del ático por más de 6 millones de euros que, según la primera explicación del Gobierno madrileño, iba a destinarse a ser una «oficina temporal» para Ayuso mientras se realizaban unas obras en la Real Casa de Correos. El asunto escaló al saberse ese mismo día que la normativa urbanística de Madrid para ese inmueble no permitía otro uso que no fuera el residencial.
Tras publicarse estos datos, el Gobierno de Ayuso anunció que pondría a la venta el ático de Chamberí, junto a otros inmuebles situados en Gran Vía. Los ingresos obtenidos se destinarían a financiar la reconstrucción de la Sierra Oeste después del incendio forestal que afectó a unas 30.000 hectáreas y que llevó a solicitar la declaración de emergencia nacional.
El pasado viernes, la Comunidad de Madrid, mediante Planifica Madrid, inició el proceso de venta del ático de Chamberí con un precio de salida de 6,7 millones de euros. La operación se realizó junto a la oferta de otros cuatro inmuebles situados en la Gran Vía, cuyo precio conjunto de salida asciende a 11,8 millones de euros, según la documentación publicada en el Portal de la Contratación Pública.
La adquisición del ático ha sido objeto de críticas por parte de los partidos de izquierda, que han acudido a los tribunales y han reclamado la dimisión de la presidenta madrileña. Estos grupos han sostenido que la operación pretendía proporcionar a Ayuso una «vivienda oficial».
La presidenta madrileña ha rechazado esta interpretación y ha defendido que sería «poco inteligente» que le buscaran una vivienda que no podría «esconder». También ha afirmado que la operación responde a una intención de «hacer daño».
Acusación particular del PSOE
El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado que el PSOE se personará como acusación particular en el procedimiento judicial relacionado con la compra del ático.
López ha explicado que esta decisión busca «para que se depuren todas las responsabilidades» sobre la adquisición del «super ático de lujo». «Ya sabíamos que Ayuso no tenía vergüenza, pero ahora tampoco tiene escapatoria», ha afirmado López en declaraciones remitidas a los medios, en las que también ha reclamado que se reintegre «hasta el último euro» porque «no son los madrileños quien tienen que costear la vida padre de la señora Ayuso».
La secretaria de Organización del PSOE de Madrid, Pilar Sánchez Acera, también ha confirmado que el partido se personará en la causa. «No hay duda de que llegaremos al final de esto», ha señalado en una publicación difundida a través de su perfil oficial en la red social ‘X’, de la que posteriormente se hizo eco el propio PSOE.
