El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Móstoles, Alex Martín, ha asegurado que, tanto él como sus compañeros de Gobierno, están «muy tranquilos» tras declarar este miércoles ante el Juzgado de Instrucción 1 de la localidad por la querella por un presunto delito de malversación y prevaricación al condonar una deuda a la empresa ITV Móstoles S.L.
«Estamos muy tranquilos, vamos a colaborar con la justicia y confiamos en su trabajo», ha señalado Martín a las puertas de los Juzgados, donde este miércoles también han acudido a declarar como investigados otros tres miembros del Ejecutivo Local que formaban parte de la Junta de Gobierno Local que aprobó la condonación.
Además de Martín, que es concejal de Seguridad, Convivencia, Cultura y Transición Ecológica, también han prestado declaración hoy el teniente de alcalde David Muñoz; la concejala de Empleo y Nuevas Tecnologías, Rebeca Prieto; y la edil de Presidencia y Desarrollo Urbano, María Luisa Ruiz, todos ellos del PSOE.
Todos han coincidido en señalar a la entrada de los Juzgados que que están «muy tranquilos» y que «confían en el trabajo de la Justicia», aunque según han señalado fuentes de la acusación, se han limitado a responder a las preguntas de la jueza, acogiéndose a su derecho de no responder al abogado de los querellantes.
El próximo 28 de febrero tendrán que acudir a declarar, también en calidad de investigados por este asunto, la actual concejala de Igualdad, Dolores Triviño; la anterior responsable de dicho área, ahora jubilada, Beatriz Benavides; y la edil de Educación y Juventud, Natividad Gómez, esta última de Podemos.
Todos ellos, junto a la alcaldesa, Noelia Posse, y el exedil de Hacienda y ahora de Recursos Humanos, Aitor Perlines (PSOE), que ya fueron llamados a declarar por el mismo caso, formaban parte de la Junta de Gobierno local que aprobó la condonación de una deuda a la empresa ITV Móstoles S.L.
Querella de Más Madrid
La querella que dio pie a la investigación fue interpuesta en febrero de 2021 por los dos ediles de Más Madrid, Susana García y Gabriel Ortega, al entender que el Ayuntamiento «perdonó el cobro de las tasas» que suponen la utilización de suelo público para que la citada empresa desarrollara su actividad en la localidad.
En la misma, los ediles de Más Madrid aseguraban que la decisión de no cobrar la deuda responde al «mero capricho de la sociedad y de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, así como del tesorero» que atendieron «al interés de la empresa privada» y no al de la administración pública.
«La necesidad de la Administración era el cobro de la deuda contraída por la sociedad y no la condonación de más de la mitad de la deuda, el aplazamiento sin garantías e intereses de la deuda no condonada y la reducción del canon para los próximos 20 años», añadían en su escrito.
Desde la acusación insisten en que la jueza lo único que conoce en este momento son las versiones que están dando los propios concejales, por lo que considera «fundamental» que se tome declaración a aquellas personas que emitieron informes desfavorables o que han estado presentes en las reuniones.
Estas personas serían la responsable de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, el interventor y el «secretario general accidental», a los que ya habrían citado, aunque se desconoce la fecha, según ha señalado el abogado de la acusación a la salida de los Juzgados.
Aprovechando la citación de estos ediles, los grupos municipales de PP, Ciudadanos y Vox han solicitado la comparecencia de la alcaldesa en el próximo pleno municipal para que dé explicaciones sobre la situación de los concejales citados a declarar.
