El juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles ha citado para tomar declaración en calidad de investigados a seis concejales del Gobierno local de la ciudad (cinco del PSOE y uno de Podemos), así como a una exedil, por el ‘Caso ITV’, por el que declaró la alcaldesa, Noelia Posse, el pasado día 18 de noviembre.

En una providencia a la que ha tenido acceso Noticias para Municipios, el juzgado cita a declarar el próximo 16 de febrero a partir de las 9,45 horas a David Muñoz (primer teniente de alcalde y edil de Mantenimiento), Rebeca Prieto (Empleo), Alejandro Martín (edil de Seguridad y Convivencia) y María Luisa Ruiz (Presidencia y Desarrollo Urbano).

De igual forma, cita el 28 de febrero a Dolores Triviño (responsable de Igualdad), Beatriz Benavides (exconcejala de Igualdad, que renunció en abril) y Natividad Gómez (concejala de Educación y Juventud, de Podemos), así como al representante legal de ITV Móstoles.

En el trasfondo de la causa el juzgado intenta averiguar los motivos para la condonación de una deuda de 2,45 millones de euros a ITV Móstoles S.L., tras una querella por malversación y prevaricación que interpusieron el pasado febrero dos ediles de Más Madrid, Susana García y Gabriel Ortega.

La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, a su llegada al Juzgado para declarar como investigada el 18 de noviembre (Foto: A.Pérez Meca/Ep)

Querella «política»

Fuentes municipales han reiterado, tras tener conocimiento de la imputación de los ediles de Gobierno, que «se trata de una querella política». «Todo lo que se hizo fue para mantener los empleos y para garantizar que el ayuntamiento pudiese cobrar al menos una parte de lo adeudado», han señalado.

La regidora mostoleña defendió este mismo planteamiento en su comparecencia ante el juzgado, al asegurar que «es una querella política» y que «se aclarará en breve».

La querella plantea que el Ayuntamiento «perdonó el cobro de las tasas» que suponen la utilización de suelo público para que la citada empresa desarrollara su actividad en la localidad.

En la misma, los ediles de Más Madrid aseguraban que la decisión de no cobrar la deuda responde al «mero capricho de la sociedad y de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, así como del tesorero» que atendieron «al interés de la empresa privada» y no al de la administración pública.

«La necesidad de la Administración era el cobro de la deuda contraída por la sociedad y no la condonación de más de la mitad de la deuda, el aplazamiento sin garantías e intereses de la deuda no condonada y la reducción del canon para los próximos 20 años», añadían en su escrito.

David G. Castillejo

Corresponsal de Noticias para Municipios, Europa Press en la zona Sur de Madrid

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