El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de un bono de 250 euros mensuales para que los jóvenes de entre 18 y 35 años puedan hacer frente al pago del alquiler de viviendas.
La medida beneficiará a jóvenes entre 18 y 35 años con ingresos por debajo de 23.725 euros y tendrá una duración de dos años, según ha avanzado el presidente del Gobierno durante la inauguración del I Foro Urbano de España y el III Foro Global de Gobiernos Locales que se celebra en Sevilla.
Este bono joven de ayudas al alquiler forma parte del acuerdo de Presupuestos y la ley de Vivienda, que contempla regular los alquileres, entre otras cosas limitando los precios a los grandes tenedores (propietarios de más de diez viviendas).
Además, el bono social para los jóvenes «podrá completarse con más ayudas directas al alquiler de hasta el 40% de su valor», todo ello con el objetivo de que la emancipación se acerque «a los 26 años de la media de Europa».
«Lo que vamos a hacer es una política pública destinada a reducir la edad de emancipación tan alta, tan insoportablemente alta en nuestro país, para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda en alquiler digna, con el apoyo, con la ayuda en este caso de la Administración General del Estado», ha añadido.
Nueva Ley de Vivienda
El PSOE y Unidas Podemos han alcanzado este martes un acuerdo en el seno del Gobierno de coalición que supone luz verde para el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, y que incluye un pacto para impulsar de una vez la Ley de vivienda, tras meses de retraso.
El acuerdo sobre la ley de vivienda pauta la regulación del precio del alquiler para bajar los alquileres a las viviendas en manos de grandes propietarios, en base a índices de referencia para todos los contratos en zonas de mercado tensionado.
Asimismo, establece que los pequeños propietarios tendrán una fórmula de «congelación de precios e incentivos fiscales», de cara a poder también reducir el precio del arrendamiento.
Mientras, se establece un recargo de hasta el 150% en el IBI para casos de viviendas vacías, que podrán aplicar los ayuntamientos y la futura normativa también apuesta por el parque publico de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida (de éste 30%, la mitad para alquiler social).