Una inspección de Trabajo ha certificado que los 17 becarios mexicanos del musical ‘Malinche‘, dirigido por Nacho Cano, estaban en regla. La investigación realizada por una funcionaria de Trabajo ha determinado que no tenían por qué estar incluidos en el sistema de Seguridad Social ya que realizaban una formación «no reglada».
Es la principal conclusión del informe remitido al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid que investiga a Nacho Cano por la presunta comisión de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos contra los derechos de los trabajadores.
La inspectora de Trabajo certifica en su análisis que «no existen evidencias que indiquen que las prácticas desarrolladas por los becarios en la referida empresa impliquen una relación laboral encubierta«, recoge el texto citando el artículo 1.1 del Estatuto de los trabajadores.
En la misma línea, el documento reitera que los becarios de Nacho Cano «realizan una formación no reglada» y, por tanto, «no incluida en el sistema educativo, por lo que no es necesaria la inclusión de los becarios en el sistema de Seguridad Social».
La inspección se realizó «sin previo aviso» a la empresa y a petición de la Policía Nacional. Los agentes y la funcionaria de Trabajo irrumpieron en la Parroquia San Juan de la Cruz de Madrid, donde se encontraban diversas personas recibiendo clases de canto, interpretación, flamenco y entrenamiento personal.
Durante un largo periodo de tiempo, la inspectora recabó documentación sobre las condiciones de empleo de los becarios de Nacho Cano y habló con ellos para determinar las circunstancias en las que estaban desarrollando su labor.
Nacho Cano ve «persecución política» en el caso sobre sus becarios
Tras conocerse la apertura de diligencias, el pasado 9 de julio el compositor compareció ante los medios y manifestó que su paso por comisaría se debía a su «apoyo» a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
«El criminal no soy yo, es a la Policía a la que hay que investigar», sostuvo, asegurando que no había hecho «nada malo» y tildando lo ocurrido de «persecución política». En su opinión, todo obedece a que «hay que llevar la atención a otro sitio que no sea la imputación de la mujer del presidente del Gobierno».
El Ministerio del Interior tuvo que salir al paso para defender la «profesionalidad» de la Policía Nacional tras las críticas de Cano y destacó «el trabajo y la profesionalidad de la Policía Nacional como garante de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables».
