El Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid ha citado a declarar, como testigos, a dos altos cargos del Ayuntamiento de Madrid en el marco de la investigación abierta a raíz de una denuncia por presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid contra una empresa por la venta de un lote de mascarillas defectuosas.
Así, declararán como testigos la coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, y a Enrique López Ventura, en calidad de director general de Emergencias del Consistorio madrileño.
La nueva estafa a la que se enfrenta el Palacio de Cibeles, de unos 1,2 millones de euros, se denunció el pasado mes de julio por parte de la Policía Municipal de Madrid tras la llegada de una partida defectuosa de medio millón de mascarillas compradas a un proveedor de Estados Unidos.
Declaraciones en julio
Esta nueva causa se dirige contra la empresa Sinclair and Wilde y su reapertura se produjo como consecuencia del informe ampliatorio que, con fecha 12 de abril de 2022, se dirigió al juzgado y que ofrecía información sobre la residencia del dirigente de la compañía e investigado Philippe H. S.
En este marco, el titular del juzgado, el magistrado Jorge Bartolomé, ha fijado la declaración como testigo de Elena Collado para el próximo 13 de julio a las 10 horas, mientras que Enrique López, quien figura como denunciante en la documentación que obra en autos, manifestó que las mascarillas habían sido analizadas por personal responsable, pero sin especificar el mismo, tendrá que acudir el 20 de julio a las 10,30 horas.
Ese día también se ha citado al intendente jefe de la Unidad de Coordinación Judicial de Policía Municipal, Jesús María García, que firmó el atestado previo a la denuncia por parte del Ayuntamiento, así como al agente de este cuerpo autor del mismo.
El pasado mes de abril, la Policía Judicial informó al juez de la identificación de un posible autor de la presunta estafa en el marco de una instrucción paralela a la causa en la que se investiga a Luis Medina y Alberto Luceño.
Y es que el sumario de la causa contra Medina y Luceño incluía un informe de la Policía Municipal relativo a esta estafa en el que se alertaba de que la documentación facilitada no se correspondía con las certificaciones preceptivas que exige ni la UE ni de España, «incluyendo documentos que se indican para otros productos como pueden ser los cosméticos».
Posible engaño que tiene como víctima el Ayuntamiento
Sobre las peticiones de declaraciones, el juez ha rechazado otras comparecencias, como la realizada por la acusación particular, ejercida por Podemos y Más Madrid, para citar como investigada a Araceli Vida, empresaria que supuestamente hizo de intermediara en esa operación.
«Hasta la fecha únicamente existen indicios de delito en la actuación de la persona que contrata con el Ayuntamiento, que percibe el pago, y se encarga de remitir la mercancía fallida, pero no en relación a cualquier persona que pudo llevar a cabo previas labores de intermediación«, aclara el magistrado sobre la empresaria.
También rechaza llamar como testigo a Carlos Fernández Pita, familiar directo del segundo teniente de alcalde y presidente del Pleno, Borja Fanjul.
En su escrito, el magistrado aclara que el presente proceso «se limita a investigar el posible engaño del que habría sido víctima el responsable del Ayuntamiento de Madrid encargado de la compra de las mascarillas« para subrayar que «no es objeto» del mismo «la fiscalización de la actuación del Ayuntamiento en todo éste proceso».
«Al haberse personado como acusaciones tanto partidos políticos, como grupos municipales de la oposición del actual gobierno municipal, resulta tentador para estas acusaciones populares, ejercer la acusación no ya del investigado, sino de quien ejerce la acusación particular, lo cual es insólito en un proceso judicial», alega.
