Que «caiga todo el peso de la ley» sobre Alberto Luceño y Luis Medina si se acredita la comisión de los delitos de los que están acusados. Es la petición que ha lanzado esta mañana el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ante la noticia de que ambos empresarios han sido procesados por el juez que investiga el llamado ‘caso mascarillas’.
El juez Adolfo Carretero quiere llevar a juicio tanto a Medina como a Luceño por los delitos de estafa agravada y falsedad documental al Ayuntamiento de Madrid en el proceso de venta de material sanitario durante los perores meses de la pandemia por coronavirus.
«Que caiga todo el peso de la ley sobre Medina y Luceño si se acredita que han cometido los delitos que se les imputan», ha manifestado ante los periodistas desde el Museo de Historia de la ciudad de Madrid, donde ha apuntado que «el Ayuntamiento seguirá ejerciendo todas las acciones para poder recuperar hasta el último céntimo de euro que hayan estafado con la compra de mascarillas».
El magistrado Adolfo Carretero sostiene en el escrito que las compraventas en las que intervinieron constituyen un caso de «negocio jurídico criminalizado al haber engañado al Ayuntamiento de Madrid, ocultando con dolo unas comisiones excesivas para cualquier tipo de negocio, sin tener poder alguno de la empresa vendedora y con falsedad de documentos mercantiles».
Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, eludió ayer entrar a valorar el procesamiento de los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina en el denominado ‘caso Mascarillas’ hasta no poder estudiar la argumentación del juez pero sí incidió en que lo importante es que el uso de dinero público «no está en entredicho».
Trabajadores del Ayuntamiento, sin responsabilidad penal
El alcalde también ha hecho mención esta mañana a que la oposición local «durante demasiado tiempo, ha puesto en entredicho la honorabilidad de las personas que trabajan en el Ayuntamiento de Madrid». «Durante demasiado tiempo han señalado impunemente a personas, señalando y criminalizando su conducta, que únicamente se guio por poder proveer de mascarillas a más de diez mil servidores públicos que todos los días salían a las calles de Madrid», ha apuntado a continuación.
Por ello, ha insistido en que «estas personas no tenían ningún tipo de responsabilidad penal, y así lo ha dicho el juez; lo dijo la Fiscalía, y después de una instrucción, confirmada por la Audiencia Provincial, lo ha dicho el juez». En estos términos se ha referido el alcalde a la directora de Compras del Consistorio, Elena Collado, y la delegada de Hacienda y Personal, Engracia Hidalgo, de quienes siempre defendió su inocencia y llegó a aseverar que antes de que tuvieran que dimitir ellas, dejaría él la Alcaldía.
Así, el primer edil considera que «literalmente la izquierda ha fracasado en su hostigamiento, en su señalamiento, y en la puesta en duda de su honorabilidad».
