La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este viernes que la coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, y el primo de José Luis Martínez-Almeida declaren ante el juez Adolfo Carretero en calidad de testigos en el caso de las mascarillas en contra de la petición de Podemos, que solicitaba que declarasen como acusados.
El fiscal reitera la petición de que Elena Collado sea citada como testigo porque «resulta evidente que no tuvo en ningún momento intención de causar un quebranto al erario público«, alega el magistrado.
La responsable municipal estaba citada el próximo lunes a declarar como testigo pero el juez suspendió la comparecencia después de que el Grupo Mixto solicitara su imputación. Podemos también ha solicitado en un escrito conocido hoy que fuera imputada por la presunta comisión de un delito de prevaricación.
El miembro de la Fiscalía advierte de que si prospera la petición de imputar a Collado «habría que llamar en calidad de investigados a todos los miembros del consejo de administración de la empresa pública«.
Primo de Almeida
Además, el fiscal dice que Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde, debe comparecer como testigo al no existir indicios de que su conducta pueda haber incurrido en un delito de tráfico de influencias.
El fiscal afirma que el familiar del alcalde «se limitó a facilitar los datos de contacto de la persona que gestionaba en el Ayuntamiento la compra de material sanitario».
Finalmente, el representante de Anticorrupción dice que los presuntos delitos se cometieron con posterioridad a la intervención del familiar del alcalde en los hechos.
Luceño
El juez, Adolfo Carretero, ha ordenado la averiguación patrimonial integral de Alberto Luceño a fin de comprobar si efectivamente no puede hacer frente a la fianza de cuatro millones de euros impuestas para seguridad las responsabilidades legales que se deriven en el caso de las mascarillas.
En concreto, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha ordenado practicar averiguación patrimonial integral tanto de Luceño como de la mercantil Takamaka Invest.
Igualmente, el magistrado ha ordenado librar un oficio a la Agencia Tributaria para que se informe al juzgado sobre los bienes muebles e inmuebles de Luceño o de la mercantil en el extranjero.
La defensa de Luceño trasladó al magistrado la «imposibilidad» de abonar la fianza impuesta, «sin perjuicio de los bienes y saldos en cuentas corrientes ya embargados».
En el auto en el que el juez impuso la fianza, se explicaba que hasta el momento sólo se ha podido embargar al investigado un inmueble valorado en 1.107.400 euros, diversos vehículos valorados en 946.136,66 euros y el saldo de cuentas corrientes por un importe de 129.140,70 euros.
