El 2,4% de las personas de 18 años o más residentes en Madrid ha cobrado alguna vez por mantener relaciones sexuales, y el 3,3% de los hombres pagó por sexo en el último año, según la Encuesta Nacional de Salud Sexual (ENSS) de 2025. Con este dato sobre la mesa, el Ayuntamiento ha instalado este miércoles una carpa en la Puerta del Sol con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas.
Mitos y realidades en la Puerta del Sol
La carpa, impulsada por la Dirección General de Igualdad y contra la Violencia de Género y por Madrid Salud, incluye mesas y actividades participativas para que los ciudadanos reflexionen sobre los mitos y realidades de la explotación sexual. El personal municipal informa también sobre los servicios de salud sexual y reproductiva de Madrid Salud y sobre la Red de Atención a Mujeres Víctimas de Trata.
Hasta la plaza se ha desplazado además una unidad móvil municipal que recorre habitualmente calles, pisos y clubes de la ciudad para detectar y atender a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. Este recurso, que depende del Centro de Atención Integral Concepción Arenal, atendió en 2025 a 850 mujeres y realizó cerca de 3.500 contactos: 1.672 en la calle, 1.443 en 61 pisos y 314 en seis clubes.
La red municipal de atención a víctimas
Más allá de la unidad móvil, el Centro de Atención Integral Concepción Arenal ofrece atención psicológica, social y jurídica, además de apoyo a la inclusión laboral, y atendió a 656 mujeres en 2025. El Centro de Emergencia Mariana Pineda, por su parte, dispone de 15 plazas de acogida temporal y alojó el año pasado a 73 mujeres víctimas de trata y explotación sexual.
La red se completa con Casa Pandora, un alojamiento protegido con diez plazas de larga estancia —que en 2025 registró 15 usuarios, ocho mujeres y siete hijos menores a cargo— y ocho plazas más en viviendas de semiautonomía, en las que se alojaron ocho mujeres y ocho hijos a su cargo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la explotación sexual una forma de violencia sexual cuya prevención pasa por abordar factores como la pobreza, la exclusión social, las desigualdades de género, las migraciones forzadas o la falta de redes de apoyo, que dificultan el acceso de las víctimas a la protección y a los recursos sociales y sanitarios.