Las trabajadoras de los Centros de Atención a la Infancia (CAI) del Ayuntamiento de Madrid denuncian que detrás de la ampliación de la red anunciada por el Consistorio se esconde la privatización de los tres únicos centros que aún tienen gestión pública.
Así lo han puesto de manifiesto esta mañana 250 trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales madrileños, según los convocantes, concentrados en la plaza de la Villa, coincidiendo con la primera Comisión de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del curso. La protesta la convocó CC.OO. y contó con el apoyo de la Plataforma de Servicios Sociales Públicos.
«La realidad es que la intervención del 1, 2 y 3 va a pasar a gestión privada», ha explicado Mónica, trabajadora de uno de esos centros y portavoz de sus profesionales. Los CAI 1, 2 y 3 son los únicos de los 12 de la ciudad que siguen con gestión pública, y el Ayuntamiento quiere pasarlos a gestión indirecta.
El Ayuntamiento niega la privatización
El Consistorio lo niega. Según sus fuentes, los 38 funcionarios de esos tres centros mantendrán sus puestos y trabajarán en el nuevo CAI 14, especializado en la declaración de riesgo del menor.
Esa competencia corresponde al Ayuntamiento por la ley autonómica de 2023 y la ejercerá solo personal funcionario. Prevé además abrir en diciembre dos centros, el CAI 13 y el CAI 14, con lo que la red pasará de 12 a 14 y los profesionales, de 203 a 217.
Sin embargo, para las convocantes, ese planteamiento es una forma de «camuflar» el cambio. Según relata la portavoz de la plataforma, la única reunión que han mantenido con el Ayuntamiento se logró tras «muchísima insistencia» de las trabajadoras y en ella, afirma, no les concretaron qué labor desempeñarán las funcionarias. Es más, insiste en que el Ayuntamiento vende una ampliación de la red con el CAI 14, pero la realidad es que la actividad de los tres centros pasará a empresas privadas.
Para la Plataforma, la privatización pone en peligro «el vínculo terapéutico estable» con niños es situación de especial vulnerabilidad.
«Maltrato institucional» a las familias
Lo que más preocupa a las trabajadoras del paso de lo público a lo privado es el impacto en los menores atendidos. En los CAI se valoran situaciones de desprotección «muy graves, muy complejas», que exigen estabilidad en los profesionales, explica Mónica.
Su tesis es que las empresas ofrecen contratos precarios y provocan una «alta rotación» y no cuestionan, aclara, la capacidad ni la profesionalidad de los técnicos que trabajan en ellas, sino sus condiciones laborales.
Lo dice por experiencia. En sus propios centros, cuenta, ya hay una parte de gestión externa, y allí han visto muchos cambios. Por ejemplo, el de gente que aprueba una oposición y se marcha a otro puesto porque las condiciones son malas.
Son situaciones que para los niños más vulnerables son delicadas, sostiene, porque para ellos, «la clave es un vínculo terapéutico estable» y cambiar de profesionales genera «otro maltrato institucional».
Un deterioro que va más allá de los CAI
Mónica amplía el foco a toda la red de servicios sociales. Según explica, las compañeras de atención social primaria sufren «largas listas de espera, vacantes y bajas sin cubrir» y una sobrecarga de agenda con riesgos psicosociales. Recuerda que los servicios sociales son el «cuarto pilar del estado de bienestar» y afirma que no hay recursos económicos ni de personal suficientes para atender la complejidad social actual.
A la concentración se sumaron, según cuenta, sindicatos, escuelas infantiles, la plataforma del sector social, profesionales de la sanidad y familias, a las que define como «el motor» de sus centros. También contaron con el apoyo de representantes de Más Madrid y el Psoe .
El Ayuntamiento recuerda que la gestión indirecta ya se utiliza en otros centros de la red y que el Gobierno de Carmena la aplicó en los cuatro CAI que abrió entre 2016 y 2017. Asegura que los empleados podrán sumar un complemento de productividad, además de teletrabajo y flexibilidad.