El Ayuntamiento de Madrid quiere que la factura de la acampada de la Puerta del Sol la paguen quienes se han instalado allí y también la Delegación del Gobierno. Así lo plantea en un nuevo requerimiento enviado al delegado, Francisco Martín, al que ha tenido acceso Europa Press. El Consistorio considera razonable que la reparación de los daños y los gastos de limpieza y de recuperación del mobiliario urbano y los monumentos corran a cargo de quienes acampan de forma ilegal y de quien, con su «dejación de funciones e inacción», lo ha permitido y lo sigue permitiendo.
La Puerta del Sol es Bien de Interés Cultural y, aunque todavía no se conoce el alcance concreto de los daños, el Ayuntamiento anticipa que algunos «van a ser muy relevantes». En especial en la escultura del Oso y el Madroño y en las de Carlos III y la Mariblanca. Al escrito adjunta fotografías de la estatua ecuestre de Carlos III y de la Mariblanca con grafitis. Según el Consistorio, estos daños conllevarían responsabilidades penales y patrimoniales.
A la cuenta suma las «importantes pérdidas económicas» que sufre el comercio de la zona, que podrían traducirse en despidos o cierres. Pero también habla de los perjuicios de las actividades culturales por la Hispanidad que estaban autorizadas en la plaza y no se pudieron celebrar, pese a que ya se habían contratado servicios para ellas. Tampoco ha podido empezar el montaje de la decoración navideña.
Un campamento cada vez más grande
El requerimiento, firmado por la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, vuelve a exigir a Martín que levante la acampada. Según el Ayuntamiento, desde el 1 de octubre han aparecido nuevas tiendas de campaña en distintos puntos de la plaza y en las calles cercanas. Una situación que, a su juicio, agrava el peligro si fuera necesaria una evacuación.
Sanz califica la protesta de «concentración ilegal» que Delegación consiente y recuerda que esta es la autoridad competente para adoptar medidas de ordenación y seguridad, según los artículos 5.b) y 10 de la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión. El Ayuntamiento asegura que no ha recibido comunicación alguna sobre esas medidas y que la situación es perfectamente conocida por el delegado «a pesar de su completa inacción».
El crecimiento del campamento también afecta a la movilidad. Los peatones no pueden cruzar la plaza y tienen que rodearla. Además, se ven afectados los vehículos de carga y descarga y los servicios de emergencia. El escrito alerta además de las dificultades que tendría una eventual evacuación de las estaciones de Metro y Cercanías. Incluso, adviertan desde el Consistorio de que se está usando mobiliario urbano para amarrar las tiendas y los plásticos que las cubren. Y ello aumenta la tensión sobre esos elementos con un comportamiento que considera imprevisible.
Incidentes con la policía y la prensa
Entre las imágenes enviadas a Delegación figuran también personas encapuchadas y con el rostro tapado «portando palos y en actitud vigilante». El Ayuntamiento atribuye a algunas de ellas la pertenencia a «grupos radicales de extrema izquierda» que, sostiene, controlan el acceso a la acampada. En la práctica la plaza queda cerrada a cualquier ciudadano que no sea «aceptado».
Sobre ello, el escrito repasa los altercados de la tarde y la noche del 3 de octubre. Fue entonces cuando agentes de la Policía Municipal recibieron insultos y fueron objeto de lanzamiento de botellas de cristal y latas. El objetivo, según el Consistorio, era la comisaría de Centro Sur, en la calle Montera. También en la madrugada del día 4, policías de paisano vieron a unas 30 personas encapuchadas y con objetos contundentes. Según denuncia, se preparaban para volver hacia la comisaría desde Sol, aunque se dispersaron al advertir la presencia policial.
También denuncia en el escrito el hostigamiento recibido por varios periodistas de distintos medios. De que el Ayuntamiento advierta de que la situación podría derivar en «riesgos mucho mayores para la integridad física».
El Consistorio recuerda que en un requerimiento anterior ya constató la presencia en la acampada de cuchillos, adoquines, objetos punzantes y otros elementos que podrían usarse como armas, sin que Delegación haya respondido. Según el nuevo escrito, el pasado fin de semana se comprobó además que algunas personas portaban palos de hierro y de madera, junto con capuchas, pasamontañas o mascarillas para evitar ser identificadas.
En el informe elaborado por el Ayuntamiento, denuncia que el «hacinamiento crítico» favorece la aparición de plagas, sobre todo de roedores y cucarachas.
Riesgo para la salud pública
Los servicios municipales de salud pública concluyen que el campamento «puede comprometer de forma significativa la salubridad». Hay puntos donde se almacenan y reparten alimentos y agua, y zonas que generan cada día una gran cantidad de residuos, lo que favorece la aparición de plagas, sobre todo de roedores y cucarachas. El informe describe un «hacinamiento crítico» de tiendas pegadas unas a otras y la ausencia total de instalaciones higiénicas, por lo que se orina y defeca en alcorques, esquinas y aceras. Alrededor del asentamiento se percibe un olor a orina y descomposición orgánica que la humedad de las lluvias ha empeorado.
El requerimiento reprocha igualmente a Delegación que permita marchas por la ciudad que, según el Consistorio, no han sido comunicadas y de las que la policía no ha recibido información operativa, con el consiguiente riesgo para la seguridad vial. El Ayuntamiento concluye advirtiendo de que, si Delegación sigue sin actuar para restablecer la legalidad, emprenderá las acciones legales que correspondan.