La Comunidad destinará 20 millones a innovación empresarial el próximo año, seis veces más que en 2015
Madrid concentra el 25,8% del gasto nacional en innovación tecnológica y el 23,2% de los profesionales de I+D en España.
REGIONAL / 25 NOVIEMBRE 2015 / La consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha adelantado hoy que el presupuesto de la Comunidad de Madrid para el próximo ejercicio destina 20 millones de euros para proyectos de I+D empresarial en sectores estratégicos y de apoyo a empresas jóvenes e innovadoras de base tecnológica (Start-ups), lo que supone multiplicar por seis el apoyo económico de este año a iniciativas.
En unas jornadas, la titular de Economía, Empleo y Hacienda, ha recordado que la Comunidad de Madrid acoge el 23,2 por ciento de los profesionales de I+D que trabajan en España.
En este sentido, ha destacado que la Comunidad de Madrid apoya a las empresas, sobre todo a las pymes, a implementar la innovación a través de la marca Madrid Excelente. Para ello impulsa a las empresas a mejorar su gestión año tras año mediante la innovación, un pilar clave en el camino hacia la excelencia.
Contratación de desempleados
Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado ampliar en 5,2 millones de euros el crédito disponible para el Programa de incentivos a la contratación de personas desempleadas.
La Comunidad aprobó en marzo destinar 5,8 millones a dicha convocatoria, fondos que casi ha duplicado el Gobierno regional, debido al elevado número de solicitudes presentadas. Con esta ampliación se podrá atender la totalidad de las solicitudes válidamente presentadas.
Según datos estimados, permitirá dar cobertura financiera a las solicitudes de ayudas por la contratación de aproximadamente 3.050 trabajadores, de los que casi 600 son mayores de 45 años.
Además, el Consejo de Gobierno ha acordado destinar un importe de 7,5 millones de euros para el desarrollo del programa de colaboración de los Servicios Públicos de Empleo con las agencias de colocación, con el objetivo de facilitar la inserción laboral de hasta 5.000 demandantes de empleo pertenecientes a colectivos prioritarios, como los jóvenes en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, los parados de larga duración, las personas con discapacidad, y las personas en riesgo de exclusión social beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción.
