La Comunidad de Madrid ha comunicado al Ayuntamiento de San Fernando de Henares que derribará las viviendas de la calle Presa en los números impares del 17 al 27 afectadas por la Línea 7B de Metro de Madrid.
Estos inmuebles, según ha recordado el Ejecutivo regional, se encuentran vacíos porque fueron desalojados tras solicitar la declaración de ruina urbanística al Consistorio y los vecinos pudieron sacar sus pertenencias.
Los proyectos de patologías y rehabilitación encargados por la Dirección General de Infraestructuras concluyeron que las viviendas presentaban «graves daños estructurales irreversibles de las viviendas».
La Consejería de Transportes e Infraestructuras, a través de la Dirección General de Infraestructuras, realiza visitas y trabajos continuos de auscultación en la zona para garantizar la seguridad de todo el terreno afectado. En total son 13 los inmuebles afectados, de los cuales cinco estaban vacíos cuando se ordenó el desalojo y los ocho restantes están realojados en pisos y apartahoteles.
Indemnizaciones no negociadas, según los vecinos
Mientras, continúa el malestar entre los vecinos por las indemnizaciones de estos derribos. Varios afectados han insistido en que las indemnizaciones ofrecidas por la Comunidad de Madrid «no se han negociado» con los afectados y han negado que haya un «límite legal» de estas cuantías, rechazando así la «extorsión» de la Comunidad de Madrid en torno a este asunto.
Así lo ha denunciado el portavoz de la Asociación Vecinal Parque Henares, Alejando Escribano, en la comisión de Transportes e Infraestructuras de la Asamblea de Madrid, donde ha tachado de «grotesco» cómo ha variado la cuantía total destinada a las indemnizaciones.
Estas compensaciones anunciadas hace varias semanas van desde 136.000 hasta 355.000 euros por inmueble, con una media de 200.000 euros por vivienda y varios conceptos contemplados, entre los que se encuentran los daños morales. Escribano ha recordado como se señaló el Ejecutivo regional que se iba a aportar el máximo, pero «en 24 horas» el montante disponible pasó de 7 a 12 millones de euros «modificando unos márgenes legales» que «decían que no se podían cambiar».
