El director general de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Miguel Núñez, ha avanzado que algunos de los vecinos afectados por la Línea 7B de Metro de Madrid en San Fernando de Henares «ya han aceptado la propuesta de indemnización» del Gobierno regional, aunque otros vecinos siguen considerando «insuficiente» lo ofrecido.
Así lo ha destacado Núñez durante la comisión de Infraestructuras celebrada este viernes en la Asamblea de Madrid ante sendas preguntas de los grupos Unidas Podemos y Vox sobre el estado de este problema.
A finales del mes de enero el Ejecutivo regional procedía a informar a todos los vecinos afectados sobre la cantidad ofrecida, que oscilan desde 136.000 a 355.000 euros por inmueble, en la que se contemplan varios factores desde el valor del material hasta los daños morales.
«Se ha comunicado a todos la propuesta de terminación convencional. En este momento tienen dos opciones presentar alegaciones o suscribir el acuerdo. Si lo deciden suscribir se envía a la Intervención General de la Comunidad y posteriormente a la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad. En el caso de que los informes sean favorables, que no esperamos de otra manera, se firmaría el acuerdo y se abonaría», ha relatado Núñez requerido por los pasos a seguir actualmente por una familia afectada.
Sin embargo, son muchas las familias que ven «insuficiente» estas cantidades. De hecho, el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Línea 7B de Metro de Madrid, Alejandro Escribano, tachaba hace unos días de «migajas» y «limosna» las indemnizaciones que han planteado desde la Comunidad de Madrid.
Escribano entiende que lo que busca el Ejecutivo regional es «la judicialización del problema» para acabar «ganando por agotamiento» ante unos vecinos que no puedan asumir la lucha en los tribunales.
«La cuestión no es la horquilla, sino cuánto dinero les va quedar a las familias para reiniciar una vida«, insistía tras conocerse que iban a empezar a llamar a los vecinos para informarles de las cuantías, que oscilan entre 136.000 y 355.000 euros.
El director general de Infraestructuras ha insistido por otro lado en que para poder poner en marcha el expediente de responsabilidad patrimonial tiene que ser siempre cuando el «daño es efectivo, es decir, cuando los edificios están demolidos».
Durante su intervención, además, ha defendido que «nadie puede imaginar» que desde el Ejecutivo regional va a «regatear un solo euro que podría pagar a los damnificados», por lo que las propuestas de indemnización contemplan el «máximo pagable».
Situación de las obras
Por otro lado, también ha actualizado la situación actual de los trabajos de inyección de mortero para la consolidación del suelo, que se está acometiendo en la zona y en los que se pretende cubrir hasta 10.000 metros cuadrados.
Se están empleando seis equipos y en torno a 50 personas. La cantidad inyectada hasta este viernes es de 2.250 toneladas en oquedades de la zona, el «equivalente a una piscina olímpica», en 250 perforaciones con una profundidad entre 50 y 60 metros.
Ha recordado, además, que estas actuaciones son similares a las que se acometen en otros suburbanos europeos, como es el caso del de París que «cada año» pone en marcha iniciativas similares en los trazados cercanos al Sena.
Para el daño que están haciendo a todos los vecinos de San Fernando físicos y psicológicos es insuficiente lo que hace la comunidad de Madrid. El miedo no tiene precio.