La Comunidad pide a delegación del Gobierno que coordine actuaciones ante la posibilidad de que se estén cometiendo actividades ilegales desde estas viviendas
REGIONAL / 17 DICIEMBRE 2019 / La Comunidad de Madrid ha anunciado que llevará a la Fiscalía de Madrid la ocupación ilegal de hasta 59 viviendas públicas por parte de mafias, pisos que se encuentran en la capital y en los municipios de Leganés, Fuenlabrada, Arroyomolinos, Valdemoro, Móstoles y Coslada.
El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha hecho hoy el anuncio tras conocerse un informe que cifra en 13 las viviendas ‘okupadas’ en la capital y el resto, en otros diez municipios de la región, entre ellos, los de la zona Sur madrileña.
La medida se ha adoptado en base a un informe elaborado por las consejerías de Justicia y Vivienda en el que se da cuenta de una serie de hechos que podrían ser considerados delito y que podrían estar resultando lesivos para los bienes y derechos de la Comunidad, en concreto, para el patrimonio público que gestiona la Agencia de Vivienda Social (AVS).
La Comunidad cree que estas organizaciones criminales, además de haber ocupado ilegalmente estos inmuebles, “estarían subarrendando las viviendas e incluso vendiendo a otras personas en situación de especial necesidad”.
Actividades delictivas
Igualmente, a través de estos pisos, “se estarían llevando a cabo delitos y negocios ilegales como tráfico de drogas, prostitución, cultivo de cannabis depósitos de artículos robados y talleres de despiece de vehículos, entre otros”.
Fuentes regionales han precisado que “se trata de un grave problema que está alterando la convivencia vecinal en determinadas localidades y distritos de la capital, lo que ha generado un clima de inseguridad en los barrios afectados”.
Como ha explicado el Ejecutivo regional, estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de usurpación, tipificado en el apartado 2 del artículo 245 del Código Penal, y un posible delito de pertenencia a organización o grupo criminal (artículo 570).
Asimismo, si se concluye que en estas viviendas se están llevando a cabo otras actividades delictivas contra la salud pública por tráfico o cultivo de drogas, favoreciendo así su consumo, se estaría incurriendo en un delito tipificado en el artículo 368 del Código Penal.
Protocolo de actuación
Recientemente, la Administración regional remitió a todos los ayuntamientos de la región un protocolo de actuación ante la ‘okupación’ de viviendas, en el que figuran seis puntos para minimizar estos efectos, y poder proceder así al desalojo de los inmuebles con la mayor rapidez posible.
En el documento se insta a promover la cooperación con las Autoridades Judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local de cada municipio, al tiempo que se recomienda en la misiva blindar los accesos de aquellos inmuebles, susceptibles de ser okupados, con elementos como chapas en las puertas y ventanas o la instalación de puertas antivandálicas.
Además de la denuncia, la Comunidad de Madrid ha instado a la Delegación del Gobierno a reforzar la seguridad en los barrios y distritos afectados por este problema de orden público, ya que considera que “la sensación de inseguridad favorece la ocupación de inmuebles”.
