La citación para la PCR enviada a docentes y personal no docente estaba acompañada por datos de casi 17.000 trabajadores
REGIONAL / 2 SEPTIEMBRE 2020 / Facua Madrid ha presentado una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEDP) por la difusión de datos personales de miles de trabajadores de centros de enseñanza de la Comunidad de Madrid.
Según ha informado Facua en un comunicado, varios docentes de Madrid han contactado con ellos para poner de manifiesto que en la noche del martes han recibido un correo electrónico, en el que les citan para una PCR que les realizará Ribera Salud este miércoles por la mañana, acompañado de un documento adjunto con datos de casi 17.000 trabajadores del Área Territorial Madrid-Sur.
En el documento, en formato hoja de cálculo, aparecen los nombres, apellidos, sexo y el carácter de docentes o no docentes de 16.720 trabajadores así como el lugar y hora en el que están citados para la prueba para el diagnóstico del coronavirus.
En la denuncia, Facua Madrid señala que los trabajadores de los centros de enseñanza no han dado su autorización a la Consejería de Educación para que facilite sus nombres y apellidos al resto de trabajadores ni tampoco a que estos sepan que previsiblemente estarán en un determinado lugar a una hora para realizarse una prueba PCR.
Por ello, lo ocurrido consideran que “incurriría en una vulneración del artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos”.
Preocupación por la privacidad
La misma problemática ha sido denunciada esta mañana por la secretaria general de la Federación Enseñanza de CCOO, Isabel Galvín, en las redes sociales. La representante sindical ha explicado que se ha producido un “fallo de seguridad al filtrarse un listado con los datos laborales y personales de más de 16.000 empleados públicos“, y ha anunciado que se iba a interponer “hoy mismo” una demanda ante la Agencia Española de Protección de Datos.
En este sentido, Galvín ha censurado que para la realización de las pruebas los docentes deben firmar un documento con el que ceden sus datos a la empresa encargada de hacer los test, Ribera Salud, y se ha preguntado si la Consejería “va a ser capaz de velar por la privacidad de los resultados” de las mismas. “¿No sería más seguro y más barato que las pruebas las realizara la Sanidad Pública?”, ha planteado.