Un coronel de la Guardia Civil está siendo juzgado desde hoy por presuntas irregularidades en la licitación efectuada para adquirir más de 8.000 fusiles de asalto en Valdemoro.
El alto cargo de la Benemérita ha negado que se produjeran anomalías en el procedimiento. Por su parte, el instructor de la investigación de Asuntos Internos ha confirmado que se falsificaron documentos para simular la entrega de cinco armas de muestra y facilitar que una empresa pudiera presentarse al contrato.
Según la investigación, los fusiles utilizados pertenecían a la propia Guardia Civil. Las armas fueron preparadas, etiquetadas y embaladas para hacer creer que las había aportado la empresa licitadora, pese a que las condiciones del contrato exigían la presentación de cinco unidades idénticas al modelo ofertado.
El juicio ha comenzado este martes en la Audiencia Provincial de Madrid con las cuestiones previas y las declaraciones de los testigos. La vista oral finalizará mañana miércoles con las comparecencias de los acusados y la presentación de los informes finales.
La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para el coronel por un presunto delito de falsificación de documento oficial. Para los otros dos acusados reclama penas de 18 meses de cárcel. La Abogacía del Estado también ejerce la acusación en representación de la Guardia Civil.
Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el coronel
La defensa ha presentado documentación sobre el suministro de las cinco armas de muestra por parte de la empresa adjudicataria y un informe pericial del Ministerio de Defensa sobre las condiciones técnicas del contrato. También ha aportado un correo electrónico de noviembre de 2019 que indicaba que los fusiles estaban disponibles para su envío.
Por su parte, el instructor de Asuntos Internos ha declarado que los cinco fusiles utilizados pertenecían a la Guardia Civil y que la investigación detectó una presunta falsificación de documentos para simular su entrega como muestras.
Según la Fiscalía, la licitación, publicada el 11 de septiembre de 2019, contemplaba la compra de al menos 8.250 fusiles y exigía presentar cinco unidades de muestra antes del 30 de septiembre. El gerente de Uniformidad y Suministro de Protección SL comunicó que no podía cumplir ese requisito en plazo y, según la acusación, acordó con el coronel utilizar cinco armas de la Guardia Civil tras manipular sus elementos identificativos.
El coronel habría ordenado retirar los fusiles del almacén y redactar un recibo de entrega, pese a que la empresa no había aportado las muestras, según se desprende de la investigación. Cinco días después, varios agentes habrían preparado y etiquetado las armas con el logotipo de la empresa, ocultando las etiquetas originales que identificaban su titularidad. Con el recibo, la compañía presentó su oferta el 27 de septiembre de 2019.
