El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha anunciado este martes que su institución, junto al Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, impulsará una mesa a tres bandas para abordar asuntos como la situación de emergencia en las viviendas sociales de la avenida Carmen Laforet de la localidad.
Martín ha visitado el edificio ubicado en el número 14 de la citada calle, considerado como «una de las urgencias sociales de la Comunidad de Madrid» y propiedad del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) donde las condiciones son «absolutamente indecentes» en las que se ven obligados a vivir algunos vecinos, beneficiarios de políticas de protección social.
El objetivo de esta mesa tripartita pasará por analizar la situación y diseñar entre las tres administraciones «un plan de acción para dar una respuesta a los vecinos», los cuales «no merecen el abandono al que algunas administraciones de esta región les están sometiendo». «Pueden contar con el compromiso del Gobierno de España», ha aseverado.
Situación sin cambios
El delegado ya visitó la zona en junio de 2024 y ahora, un año después, ha lamentado que «poco ha cambiado» en esta zona de la región, y la situación «poco ha mejorado» a pesar del compromiso adquirido por las administraciones competentes. «Hoy reforzamos el compromiso para seguir trabajando en la seguridad dentro de este bloque, pero es preciso que la Comunidad de Madrid asuma sus responsabilidades, y también el Ayuntamiento de Torrejón», ha dicho.
Martín ha incidido en que la Agencia de la Vivienda Social es responsable de las instalaciones y que ya el año pasado, precisamente tras su visita a las viviendas, se comprometió a una inversión de cientos de miles de euros para adecuar las viviendas, si bien «no se ha hecho absolutamente nada» y ni siquiera se ha dado respuesta al propio Ayuntamiento, según ha afirmado que le han trasladado desde el Consistorio.
«Creo que este edificio de Carmen Laforet lo que demuestra es el caos en la gestión de la política de vivienda por parte de la Comunidad de Madrid, un caos que quiero denunciar porque luego este fracaso administrativo conlleva un castigo social que hoy estamos viendo en muchos vecinos que se ven obligados a vivir en condiciones absolutamente lamentables», ha remachado.
Actuaciones policiales
El delegado del Gobierno ha explicado que a lo largo del último año se han desarrollado hasta seis desalojos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en este edificio, y también se ha desmantelado un grupo violento que residía en el entorno, aunque «quedan más desalojos por hacer».
«Vamos a seguir intensificando nuestra actuación policial en esa materia, pero hoy por hoy sigue habiendo viviendas ocupadas en este bloque que son propiedad de la Comunidad de Madrid y que la propia Comunidad de Madrid no ha denunciado», ha añadido Martín, que ha instado al Ejecutivo regional a que «aborde la reforma integral de estas instalaciones».
Asimismo, Martín ha exigido al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que se haga cargo de las cuestiones de seguridad interna dentro del bloque -una demanda expresada al delegado por algunos de los vecinos del edificio- ampliando la vigilancia presencial y de cámaras de videovigilancia que den «garantía y apoyo» a los vecinos.
