La Comunidad de Madrid ha comenzado a derribar algunos de los edificios del Complejo Dotacional ‘El Pilar’ debido a la grave problemática creada por la Línea 7B de Metro en la ciudad, una infraestructura «cuya única administración responsable y con competencias es la administración regional».
Así lo ha avanzado este martes el alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa (PSOE), quien ha insistido en «la grave situación que ha generado la infraestructura de Metro a muchas familias de esta ciudad», a lo que se suma «el grave problema que sufren muchas calles y al daño al mobiliario urbano».
«Estos edificios prestaban importantes servicios públicos a los vecinos, como la Escuela Oficial de Idiomas, que tuvo que trasladarse a Coslada y era todo un referente», ha lamentado el primer edil, quien ha exigido que, «más allá de las demoliciones, vuelvan a construir los edificios».
El regidor ha hecho hincapié en que, con el derribo de estos edificios, la Comunidad de Madrid «deja a San Fernando de Henares, sin unos espacios donde se prestaban servicios públicos a la ciudadanía», por lo que exigirá al Gobierno regional que, esos edificios, sean construidos en otro emplazamiento dentro de la localidad, y mostró la disposición del Consistorio a ceder los espacios.
En este sentido, ha recordado que la Casa de la Mujer «está cerrada». También un Centro de Juventud y la Sala Municipal de Exposiciones ‘Juan Carlos I’, mientras que la sede de dos concejalías, la Escuela de Adultos y la Escuela Infantil ‘El Tambor’ han tenido que cambiar su ubicación.
Más desalojos
Además, según han avanzado algunos vecinos afectados, el próximo lunes la Comunidad de Madrid va a desalojar otra serie de edificios, ya que va a comenzar a demoler las viviendas de la calle Presa en los números impares del 17 al 27, también afectadas por la Línea 7B de Metro de Madrid.
Estos inmuebles se encuentran vacíos porque fueron desalojados tras solicitar la declaración de ruina urbanística al Consistorio y los vecinos pudieron sacar sus pertenencias. Sin embargo, los vecinos de los bloques contiguos aún no habían sido desalojados, aunque ahora, por seguridad, sí que serán evacuados mientras duren los trabajos de demolición.
«No merecemos el maltrato que venimos recibiendo desde hace mas de 15 años«, ha insistido Corpa, quien avanzó hace unos días que, desde el Ayuntamiento, se ha presentado una reclamación patrimonial dirigida a la Comunidad de Madrid, por los daños generados por estas obras y la mala ejecución, en su día, de la Línea 7B del suburbano.
Asimismo, Corpa se ha dirigido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para señalar seguirá exigiendo soluciones definitivas «porque defendemos la dignidad de un pueblo». «Que sepa la presidenta Díaz Ayuso y su Gobierno que no vamos a parar hasta que se ponga en marcha el Plan Integral y una Ley Autonómica que aborde todos los problemas que ha generado la infraestructura de Metro al municipio».