El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha llevado a cabo la inhabilitación de dos infraviviendas situadas en el sector 4 de la Cañada Real con el fin de impedir que vuelvan a ser ocupadas, sean objeto de compraventa ilegal o se destinen nuevamente a usos residenciales irregulares.
La intervención se ha realizado a petición de la Comunidad de Madrid, titular de los terrenos, al considerar que el Ayuntamiento de Rivas dispone de «con mayor capacidad de intervención operativa sobre el terreno».
Una de las infraviviendas se encontraba vacía, mientras que la otra fue entregada a la administración después de que sus ocupantes accedieran a un realojo en una vivienda en el marco del cumplimiento del Pacto Regional por la Cañada Real, según informa el Consistorio ripense.
El Gobierno municipal señala desde hace tiempo los riesgos asociados a las reocupaciones y a las prácticas especulativas en la Cañada Real. En este sentido, advierte de que algunas parcelas o infraviviendas desocupadas son utilizadas «de forma fraudulenta» para operaciones de compraventa ilegal o para alquilar habitaciones, cobertizos o barracones acondicionados como vivienda en condiciones precarias.
El Ayuntamiento considera necesario actuar con rapidez entre el momento en que se produce un realojo y la posterior inhabilitación o demolición de la infravivienda desocupada.
A su juicio, ese periodo resulta «clave» para evitar nuevas ocupaciones, situaciones de vulnerabilidad y explotación, así como posibles operaciones de compraventa ilegal en suelo público.
Especulación ilegal en la Cañada Real
Durante la última Asamblea de la Cañada Real, el Comisionado de Ciudad de Rivas trasladó a entidades sociales, asociaciones vecinales y representantes políticos la necesidad de poner en marcha un plan de choque frente al uso irregular del suelo público por parte de personas que obtienen beneficios económicos de la situación de exclusión presente en la zona.
Asimismo, las entidades sociales que trabajan en la Cañada Real han reclamado una actuación con «mayor coordinación y rapidez» por parte de las administraciones para impedir que las infraviviendas vacías tras los realojos vuelvan a ser ocupadas o entren en circuitos de compraventa ilegal.
En este contexto, el Consistorio solicita al resto de administraciones e instituciones firmantes del Pacto Regional por la Cañada Real la creación de un consorcio interadministrativo que permita «agilizar los procedimientos, ordenar la ejecución de los realojos y ofrecer certidumbre a las familias afectadas».
Realojos
El Ayuntamiento recuerda que, pese al acuerdo alcanzado para movilizar 330 millones de euros destinados a facilitar el acceso a una vivienda digna, casi dos años después todavía «no está materializada la forma jurídica que debe permitir su ejecución». Además, asegura haber trasladado «de manera reiterada» la necesidad de desbloquear este mecanismo.
Desde el Gobierno municipal sostienen que la situación de la Cañada Real no puede resolverse únicamente mediante «actuaciones puntuales». Consideran que requiere «planificación, financiación, coordinación institucional y un calendario claro de realojos que las familias afectadas puedan conocer».
Por último, reiteran que su objetivo es «avanzar en el cumplimiento del Pacto Regional por la Cañada Real, garantizar una vivienda digna a las familias vulnerables y combatir cualquier forma de especulación urbanística, privatización irregular del suelo público o aprovechamiento económico de la vulnerabilidad».
