Dos juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid han admitido a trámite para su investigación dos recursos especiales para la protección de derechos fundamentales presentados por vecinos de la Cañada Real Galiana.
Los casos se refieren a las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid el pasado 28 de abril de 2026 en el Sector 4 por la presunta destrucción de una habitación de una vivienda, la afección a parte de otra parcela y la tala de 17 árboles con más de diez años de antigüedad. El Consistorio defiende la legalidad del operativo, efectuado contra «ocupaciones ilegales de suelo público» y no frente a «infraviviendas ni espacios residenciales».
Los procedimientos corresponden al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 y al número 25. Ambos han solicitado al Ayuntamiento de Rivas la remisión del expediente completo relativo a las actuaciones desarrolladas. Asimismo, se ha dado traslado de los procedimientos a la Fiscalía de Madrid para que pueda formular alegaciones y participar en el proceso.
La admisión a trámite supone que se aprecian los requisitos necesarios para examinar el fondo de unas denuncias que plantean cuestiones de especial relevancia constitucional sobre los límites de la actuación administrativa y la protección de los derechos fundamentales de los vecinos de la Cañada Real.
Piden consolidar las viviendas
La representación jurídica de ambos procedimientos corresponde al Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), entidad que presta asistencia a vecinos de la Cañada Real y que considera que estos casos tienen relevancia para «la defensa de los derechos y garantías constitucionales que asisten a todas las personas y especialmente a los residentes de Cañada Real que resisten a una presión especulativa sin precedentes, motivada por el crecimiento de los desarrollos urbanísticos desde 2020».
Desde esta entidad recuerdan además que el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid fue condenado con anterioridad por el derribo sin autorización judicial de una vivienda en el mismo Sector 4.
Por otro lado, la Asociación Vecinal Barrio Unido del Sector 4 ha expresado su satisfacción por la admisión a trámite de los recursos y ha mostrado su confianza en el desarrollo de la investigación judicial.
Un portavoz de la asociación pide que las administraciones implicadas establezcan vías de diálogo con los residentes. «Nuestra reclamación es consolidar nuestras viviendas y pagar las contribuciones que nos correspondan», señala. Y es que la agrupación considera que estos procedimientos judiciales evidencian «la necesidad de abrir espacios de diálogo real y sin coacciones con los residentes de la Cañada Real para abordar soluciones estables y respetuosas con los derechos de las familias que viven en el barrio».
Los vecinos han convocado una manifestación para el próximo 14 de junio a las 11:00 horas por las calles de Rivas-Vaciamadrid con el objetivo de denunciar lo que consideran una situación de presión institucional hacia los residentes de distintos sectores de la Cañada Real.
El Ayuntamiento defiende la legalidad de las actuaciones
El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha señalado esta mañana en relación a este asunto en Noticias para Municipios que colaborará con la Justicia y remitirá a los juzgados toda la documentación que le sea requerida «con plena colaboración y transparencia».
Fuentes municipales defienden la legalidad y proporcionalidad de las actuaciones realizadas el 28 de abril en el Sector 4 de la Cañada Real Galiana, dentro de sus competencias en materia de disciplina urbanística y en coordinación con la Comunidad de Madrid, titular de los terrenos.
Según el Ayuntamiento, las actuaciones no se dirigieron contra infraviviendas ni espacios residenciales, sino contra ocupaciones consideradas ilegales de suelo público anexo a viviendas, algunas de ellas objeto de expedientes previos de disciplina urbanística.
El Ayuntamiento sostiene que en determinados casos se trata de ocupaciones reincidentes vinculadas a apropiaciones irregulares de suelo público, parcelaciones con fines especulativos y a transmisiones fraudulentas a terceros.
El Consistorio también señala que una de las ocupaciones detectadas afectaba al trazado de un gasoducto gestionado por ENAGÁS, circunstancia que, según indica, podría suponer riesgos para la seguridad de la zona y de áreas próximas como el barrio de La Luna.
Además, recuerdan en Rivas que la Cañada Real Galiana está clasificada como suelo público no urbanizable de protección, propiedad de la Comunidad de Madrid, donde no está permitida la construcción de nuevas edificaciones.
Realojos en la Cañada Real
La política del Ayuntamiento de Rivas en la Cañada Real, explican fuentes muncipales, «combina dos principios inseparables: la defensa del derecho a una vivienda digna para la población vulnerable, que promueve a través del programa de realojos del Pacto Regional de la Cañada Real, y la defensa de la legalidad urbanística».
El objetivo del Consistorio, aseguran, «no es perpetuar la situación actual, con la Cañada como uno de los principales focos de exclusión social de Europa, sino avanzar hacia una solución digna, segura y estable para las familias que residen allí y que tienen derecho a una vivienda digna, con suministros y condiciones adecuadas de habitabilidad».
Asimismo, destaca que mantiene una mesa de participación con asociaciones vecinales de la zona y que desarrolla actuaciones de atención social dirigidas a la población residente.
Por otro lado, el Ayuntamiento muestra su preocupación por la actuación de algunos despachos de abogados a los que atribuye la generación de expectativas que, a su juicio, no contribuyen a resolver la situación existente.
El Consistorio sostiene que continuará actuando frente a nuevas ocupaciones de suelo público y defendiendo la aplicación del Pacto Regional por la Cañada Real, al tiempo que mantiene su compromiso con los procesos de realojo y con la búsqueda de alternativas habitacionales para las familias en situación de vulnerabilidad.
