La aplicación en Rivas Vaciamadrid de la nueva normativa autonómica sobre vivienda protegida ha abierto un debate entre el Ayuntamiento y la promotora Jarama. La empresa advierte de que la decisión municipal de reservar únicamente a las parcelas públicas determinados incrementos de edificabilidad y densidad impedirá desarrollar más de 70 viviendas protegidas adicionales en terrenos de su propiedad.
La controversia parte de la Ley 2/2026 de la Comunidad de Madrid, que permite incrementar hasta un 20% la edificabilidad y un 30% el número de viviendas en parcelas destinadas a vivienda de protección pública. El Pleno de Rivas decidió el pasado 24 de septiembre aplicar esa posibilidad únicamente cuando el suelo sea de titularidad pública.
El propio Ayuntamiento explica que podrán beneficiarse de esos incrementos las parcelas municipales, autonómicas o estatales, así como las pertenecientes a organismos, entidades o empresas públicas. Quedan fuera, por tanto, los suelos privados aunque las viviendas que se construyan en ellos tengan algún régimen de protección.
Más de 70 viviendas adicionales en Cristo de Rivas
Jarama asegura que la medida afecta directamente a dos parcelas que posee en el nuevo desarrollo de Cristo de Rivas, situadas al sur de la Avenida de la Democracia.
En estos terrenos están previstas actualmente 246 viviendas protegidas y, según los cálculos de la promotora, la aplicación de los incrementos permitidos por la ley regional permitiría sumar más de 70 viviendas adicionales. La empresa señala además que las parcelas se encuentran en una zona ya urbanizada y son aptas para solicitar licencia.
Para Jarama, excluir las parcelas privadas supone renunciar a una posibilidad de incrementar la oferta de vivienda protegida en un momento especialmente complicado para el acceso a una vivienda.
Jarama cuestiona que dependa de quién sea propietario del suelo
Durante el debate municipal, la concejala de Urbanismo, Yasmin Manji, justificó la limitación por la necesidad de garantizar la suficiencia de las dotaciones y redes de servicios públicos y de controlar el crecimiento de la población.
Jarama cuestiona este argumento y considera que resulta difícil entender que la capacidad de los servicios e infraestructuras pueda depender de quién sea el propietario del terreno en el que se levantan las viviendas.
La promotora defiende que, si las dotaciones existentes permiten asumir un determinado incremento de población, esa capacidad debería ser la misma con independencia de que el suelo sea público o privado.
“La prioridad debería ser aumentar la oferta”
La compañía sitúa su reclamación dentro del actual problema de acceso a la vivienda y considera que las administraciones deberían facilitar que se incremente la oferta residencial.
Jarama acusa además al Ayuntamiento de mantener desde 2021 una política restrictiva en la concesión de licencias y considera que la decisión adoptada ahora vuelve a limitar las posibilidades de desarrollar nuevas viviendas.
La empresa recuerda que lleva más de veinte años trabajando en Rivas y asegura que mantiene su voluntad de colaborar con el Ayuntamiento en la promoción de vivienda en el municipio.
También pone el foco en el encarecimiento del mercado residencial. Según los datos de Idealista aportados por la propia compañía, el precio del metro cuadrado en Rivas supera ya los 3.200 euros, después de una subida del 36% en los últimos tres años.
¿Qué aprobó el Pleno de Rivas?
Como contexto, el Pleno municipal celebrado el pasado 24 de septiembre decidió, con los votos de IU, Más Madrid y PSOE, limitar en Rivas la aplicación del incremento de edificabilidad y densidad contemplado por la Ley autonómica 2/2026.
En concreto, el Ayuntamiento determinó que el aumento de hasta un 20% de edificabilidad y un 30% del número de viviendas protegidas solo pueda aplicarse en parcelas cuya titularidad corresponda a una administración pública.