La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado este jueves ante el Juzgado de Instrucción de Parla una «denuncia por posible amaño en la oposición de auxiliares administrativos del Ayuntamiento de Parla», y apunta a los delitos de presunta «prevaricación administrativa, revelación de secretos y tráfico de influencias».
Se trata de un paso adelante en el desarrollo de esta trama, que desveló ‘OKdiario’ y que ponía sobre la mesa la denuncia de varios de los aspirantes al detectar un patrón ortografía que daba las respuestas correctas del examen del 10 de marzo.
CSIF considera que, a raíz de este patrón, «pueden existir posibles delitos contra la Administración Pública en este proceso selectivo en el que había en juego 24 plazas».
La denuncia se dirige contra quienes «resulten responsables del diseño, custodia y ejecución del ejercicio, celebrado el pasado 10 de marzo en La Nueva Cubierta de Leganés y al que acudieron cerca de 800 aspirantes».
El examen tipo test presentaba un patrón sistemático en las respuestas: de las cuatro opciones de cada pregunta, todas terminaban en punto salvo una, siendo correcta siempre la respuesta inmediatamente posterior a la que carecía de punto. Este esquema se habría repetido en 31 de las 33 preguntas, permitiendo acertar prácticamente todo el ejercicio sin conocer el temario, simplemente identificando la respuesta sin punto y marcando la siguiente.
«Grave vulneración de derechos»
Para CSIF, estos hechos suponen una «grave vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso al empleo público» y ponen «en cuestión la limpieza de una convocatoria que abarca plazas de las Ofertas de Empleo Público de 2022, 2023, 2024 y 2025».
El sindicato cree que la existencia de este patrón en la práctica totalidad del «examen y la trascendencia del proceso constituyen una sólida cadena indiciaria de posible manipulación deliberada».
La denuncia apunta a «posibles delitos de prevaricación administrativa, revelación de secretos y tráfico de influencias, en función de si se hubiera manipulado el examen o filtrado previamente el sistema de respuestas para favorecer a determinados aspirantes».
Por este motivo, CSIF solicita al juzgado la apertura de diligencias previas, entre ellas el requerimiento del expediente completo, el archivo informático original del examen, la declaración de los miembros del tribunal calificador y una prueba pericial técnica que verifique el patrón detectado.
Al Defensor del Pueblo
Este jueves, Podemos llevó el asunto al Defensor del Pueblo, pidiendo la apertura de una «investigación independiente» al considerar que las medidas adoptadas por el Ayuntamiento -suspensión del examen, repetición del mismo y petición de un instructor a la Comunidad de Madrid- son insuficientes.
El alcalde, Ramón Jurado (PSOE), ha pedido prudencia ante las peticiones de medidas. «No permitiré, bajo ningún concepto, que se manche la imagen de la institución y mucho menos de las personas/trabajadores mientras no haya una investigación y se determine los responsables», ha manifestado en redes sociales.
Suspensión de empleo y sueldo a los responsables
En este contexto, el PP ha reclamado la adopción de una serie de «medidas cautelares», entre las que incluye «la suspensión de empleo y sueldo, para aquellos funcionarios cuya implicación quede acreditada».
Al tiempo, los ‘populares’ han pedido que uno de sus concejales forme parte del «equipo de investigación externo como garantía de transparencia e independencia».
El PP ha catalogado los incidentes como un «escándalo» que supone «un ataque directo a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y una grave quiebra de la confianza de los vecinos en sus instituciones».
«La excusa del PSOE, que pretende despachar lo ocurrido como un simple ‘error tipográfico’, es una falta de respeto a los opositores y a todos los parleños. Nadie puede creer que una irregularidad de esta magnitud sea fruto de un fallo menor», ha esgrimido el PP.
Traslado de la información
Ante ello, ha solicitado que «toda la información recabada por el equipo de Gobierno sobre este asunto sea trasladada de inmediato a todos los grupos políticos», así como que se hagan públicas «todas las notas para destapar cualquier posible trato de favor y garantizar la máxima transparencia».
Además, reclama que los aspirantes con vinculación a concejales del Gobierno local «hagan públicas sus hojas de respuestas del examen para disipar cualquier sospecha de ‘enchufismo'».
Según ha trascendido, al examen se presentó la actual concejala de Educación, Isabel Ávila, familiares de otros ediles e incluso la secretaria del presidente del tribunal evaluador del examen.
