Podemos Parla ha puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, la polémica suscitada en el municipio a raíz de la suspensión de las oposiciones a 24 plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento parleño debido a la detección de un presunto patrón que permitiría a quien tuviese conocimiento de él averiguar las respuestas correctas.
Además, la formación ‘morada’ reclama al Defensor que investigue también otra oposición debido, según ha confirmado a Noticias para Municipios, a las presuntas anomalías detectadas también en aquel proceso de selección.
Se trataría de la oposición a 7 plazas de personal laboral para auxiliar de control y mantenimiento de edificios públicos, convocada en diciembre del pasado año.
En aquel caso, un fallo en una URL provocó que la «información» sobre la oposición no fuese «pública para todos los aspirantes, beneficiando -agrega el escrito al Defensor- solo a las personas que sí se les había informado de dicho cambio de URL».
«Esta falta de comunicación oficial provocó que numerosos vecinos quedaran fuera de la fase de méritos, perdiendo la oportunidad de optar a una plaza a pesar de haber obtenido calificaciones de excelencia, llegando incluso a notas de 9 sobre 10″, agrega la petición.
No es algo «puntual»
Fuentes de Podemos han asegurado que «todo indica a que las irregularidades en la última oposición no es algo puntual», tras confirmar que cuentan con «testimonios de vecinos» que estarían dispuesto a «presentar las pruebas necesarias».
Investigación «exhaustiva»
En la misiva al Defensor del Pueblo, la formación pide una «investigación exhaustiva e independiente» sobre el examen de acceso a las 24 plazas al considerar que las medidas adoptadas hasta ahora por el Ayuntamiento -suspensión del examen y petición de un instructor a la Comunidad de Madrid- son «tardías y manifiestamente insuficientes».
En este sentido, la portavoz de Podemos, Carla E. Valero -quien firma el escrito-, exige que se investigue «el diseño del examen y la cadena de custodia, dada la insuficiencia de la fiscalización interna».
Al tiempo y en alusión a la segunda oposición, solicita que «se investiguen los antecedentes de fallos técnicos en plataformas digitales que han impedido previamente el acceso equitativo a la fase de méritos en las anteriores oposiciones».
A ello se suma una petición para que «se audite la relación entre los miembros del tribunal dimitido y los aspirantes vinculados a la Corporación local» y, por último, que «se supervise el nuevo proceso selectivo para asegurar que no se vuelva a incurrir en errores de comunicación o técnicos que perjudiquen a los opositores».
En última instancia, Podemos alude a la asunción de «responsabilidades políticas» por parte de la concejala de Recursos Humanos, Nerea Ruiz, «responsable de decretar el tribunal».
«El mero anuncio de una investigación externa no repara la quiebra de confianza institucional ni garantiza que no se repitan prácticas que impidan la igualdad de condiciones», destaca el escrito al Defensor del Pueblo.
Nuevo examen
Por su parte, el alcalde, el socialista Ramón Jurado (PSOE), ha anunciado que «en el más corto espacio de tiempo posible» se convocará «de nuevo el examen para que los 24 auxiliares administrativos puedan incorporarse a la plantilla del Ayuntamiento cuanto antes».
El regidor ha recordado que el Ayuntamiento «ha anulado el examen en el momento en que fue conocedor de la más mínima sospecha» y que «se le ha exigido todas las explicaciones al tribunal examinador compuesto por 5 funcionarios (ningún cargo político)».
También ha confirmado que se «ha aceptado la renuncia de todo el tribunal examinador» y que «se nombrará un instructor externo, completamente ajeno al Ayuntamiento para que investigue lo ocurrido, determine las responsabilidades y las posibles consecuencias sobre los responsables, los que sean».
«Para ello ya nos hemos puesto en contacto con otras administraciones», ha concluido Ramón Jurado.
