El juzgado de Instrucción del Tribunal de Instancia número 7 de Parla ha ordenado la apertura de diligencias previas para investigar las presuntas irregularidades en el examen a 24 plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento, donde se detectó un patrón ortográfico que permitía averiguar la respuesta correcta en la mayoría de los preguntas tipo test planteadas en el examen, como destapó ‘Okdiario’.
En una sentencia fechada el pasado 30 de marzo y a la que ha tenido acceso Noticias para Municipios, el juzgado admite a trámite la denuncia interpuesta por el sindicato CSIF y acuerda «la incoación de diligencias previas» para investigar lo ocurrido en el procedimiento de acceso público a puestos de Parla.
El juzgado da vía libre, así, para indagar en un posible delito de prevaricación administrativa y contra la Administración pública.
No obstante, el juzgado se ha inhibido de las actuaciones en favor del juzgado de Instrucción Decano de Leganés, municipio donde ocurrieron «los hechos denunciados», ya que el examen se llevó a cabo en la plaza de toros La Cubierta del municipio leganense.
Contra la resolución cabía recurso de Reforma y subsidiario de Apelación, en los tres días siguientes a su notificación, o de Apelación, dentro de los cinco días siguientes. Fuentes municipales han confirmado a esta publicación digital que, por el momento, el Ayuntamiento no ha recibido notificación alguna y que, cuando se reciba, se estudiará qué medidas adoptar.
Posible «amaño»
La denuncia del sindicato apunta a un «posible amaño en la oposición de auxiliares administrativos del Ayuntamiento de Parla», así como a los delitos de presunta «prevaricación administrativa, revelación de secretos y tráfico de influencias».
Y es que al examen se personó la concejala de Educación, Isabel Ávila, y algunos cargos de confianza del Ejecutivo municipal (PSOE y Más Madrid)
Se trata de un paso adelante en el desarrollo de esta trama, tras la denuncia de varios de los aspirantes al detectar un patrón ortográfico que daba las respuestas correctas del examen del 10 de marzo. CSIF considera que, a raíz de este patrón, «pueden existir posibles delitos contra la Administración Pública en este proceso selectivo en el que había en juego 24 plazas».
Responsables del examen
De esta manera, la denuncia se dirige contra quienes «resulten responsables del diseño, custodia y ejecución del ejercicio, celebrado el pasado 10 de marzo en La Nueva Cubierta de Leganés y al que acudieron cerca de 800 aspirantes».
El examen tipo test presentaba un patrón sistemático en las respuestas: de las cuatro opciones de cada pregunta, todas terminaban en punto salvo una, siendo correcta siempre la respuesta inmediatamente posterior a la que carecía de punto. Este esquema se habría repetido en 31 de las 33 preguntas, permitiendo acertar prácticamente todo el ejercicio sin conocer el temario, simplemente identificando la respuesta sin punto y marcando la siguiente.
«Vulneración de principios»
Para CSIF, estos hechos suponen una «grave vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso al empleo público» y ponen «en cuestión la limpieza de una convocatoria que abarca plazas de las Ofertas de Empleo Público de 2022, 2023, 2024 y 2025».
En una sesión plenaria, el alcalde, Ramón Jurado (PSOE), el regidor pidió disculpas por la situación generada y defendió que su Gobierno actuó de manera «contundente», al anular el examen, pedir a la Comunidad de Madrid una instrucción y aceptar la renuncia del tribunal calificador del examen, formado por funcionarios. «Actuamos por iniciativa propia y sin mirar a otro lado», concluyó.
