El futuro urbanístico de los terrenos de la antigua fábrica de Lledó suma un nuevo capítulo. El PSOE de Móstoles exigirá al Gobierno municipal del PP que estudie e impulse la expropiación de estos suelos para destinarlos a una promoción pública en la que el 100 % de las viviendas tenga algún régimen de protección pública.
La iniciativa socialista llega después de que el Ayuntamiento anunciara su intención de rechazar en el próximo Pleno el proyecto urbanístico del ámbito SUNC-3 Cid Campeador, que contempla la construcción de cerca de 600 viviendas.
Según han trasladado fuentes municipales a Noticias para Municipios, la decisión municipal responde a incumplimientos atribuidos a la promotora durante la tramitación y a las discrepancias sobre la reserva de vivienda protegida. Frente a la propuesta actual, que contempla un 10 % de viviendas protegidas, el Gobierno municipal reclama elevar ese porcentaje al menos al 20 %.
Sin embargo, el PSOE considera que esta modificación resulta insuficiente y plantea aprovechar la situación actual para impulsar una alternativa de promoción pública que destine la totalidad de las futuras viviendas a protección pública.
Una expropiación para impulsar vivienda pública
El Grupo Municipal Socialista llevará al Pleno una propuesta para que el Ayuntamiento estudie, con todas las garantías legales, la apertura de un expediente de expropiación forzosa por razones de utilidad pública o interés social.
El objetivo es que los terrenos de la antigua fábrica de Lledó dejen de depender exclusivamente de una operación inmobiliaria privada y puedan incorporarse a una actuación pública destinada a facilitar el acceso a la vivienda en Móstoles.
La propuesta contempla que el 100 % de las viviendas que pudieran construirse estuviera sujeto a algún régimen de protección pública, con criterios de adjudicación transparentes y objetivos. También plantea atender prioritariamente, dentro del marco legal aplicable, las necesidades de las personas inscritas en el registro municipal de demandantes de vivienda.
Los socialistas sostienen que la ciudad necesita ampliar la oferta residencial asequible, especialmente para las familias y los jóvenes que encuentran dificultades para acceder a una vivienda en propiedad o en alquiler.
La subasta de 50 millones de euros añade incertidumbre
La iniciativa se produce en un momento decisivo para la parcela. Los terrenos, vinculados a empresas del Grupo Lledó inmersas en un procedimiento concursal, han salido a subasta con un precio de partida anunciado de 50 millones de euros.
La operación de venta se desarrolla mientras el proyecto residencial vuelve a quedar condicionado por la tramitación urbanística. El rechazo anunciado por el Ayuntamiento afecta a la propuesta actualmente presentada, pero no supone necesariamente que el desarrollo residencial quede descartado de forma definitiva.
La eventual adquisición de los terrenos por un nuevo propietario tampoco garantizaría el inicio inmediato de las obras: sería necesario completar los trámites urbanísticos y obtener las autorizaciones correspondientes.
En este escenario, el PSOE defiende que el Ayuntamiento estudie la posibilidad de intervenir para orientar el futuro de la parcela hacia una promoción pública. La expropiación, no obstante, requeriría acreditar una causa legal suficiente, justificar la necesidad de la actuación y cumplir los procedimientos y garantías establecidos, incluida la correspondiente indemnización.
Un proyecto urbanístico pendiente desde 2024
Este proyecto urbanístico nació tras la operación de traslado definitivo de la actividad de la antigua fábrica del grupo Lledó, situada entre las calles Magallanes y Cid Campeador, una histórica empresa con sede en Móstoles, fundada en 1958, que lleva años en «una crítica situación económica».
Este grupo industrial ya propuso hace varios años que su única salida era el traslado de su sede a una nave de la propia empresa ubicada también en la ciudad, en la carretera a Villaviciosa, y en consecuencia proceder a la enajenación del suelo de la ubicación actual, que era fundamental para que el proceso saliera adelante.
Finalmente, tras años paralizado, en febrero de 2024 el actual Gobierno municipal daba luz verde a la correspondiente iniciativa, que incluía un acuerdo para desarrollar urbanísticamente los terrenos de la actual sede, de manera que el grupo Lledó pudiera enajenar la parcela e intentar salvar la empresa y los trabajadores.
Esta operación de traslado y posterior enajenación de la actual parcela, de 58.630 metros cuadrados, iba a permitir el desarrollo urbanístico del proyecto «Residencial Lledó», una iniciativa que contemplaba la construcción de 550 viviendas en régimen cooperativo.
Sin embargo, el Juzgado de lo Mercantil nº 2 declaró en enero de 2025 en concurso de acreedores necesario a la empresa Lledó, por lo que el Ayuntamiento se ha visto obligado a paralizar el desarrollo urbanístico, ya que toda su actividad pasa a depender de lo que ordene el juez concursal.
De esta manera, la polémica recalificación de estos suelos industriales para construir 550 nuevas viviendas sigue de momento bloqueada, a la espera de un proyecto urbanístico viable que cuente con el visto bueno del Ayuntamiento y de que se resuelva el concurso de acreedores.