El desarrollo residencial previsto en los terrenos de la antigua fábrica de Lledó, donde se proyecta la construcción de cerca de 600 viviendas, afronta un nuevo obstáculo. El Ayuntamiento de Móstoles prevé rechazar en el próximo Pleno municipal la propuesta urbanística del ámbito SUNC-3 debido a los incumplimientos atribuidos a la promotora durante la tramitación del expediente y a las discrepancias sobre las condiciones exigidas para su desarrollo.
El movimiento se produce, además, en un momento en el que los terrenos han salido a subasta por un precio de partida de 50 millones de euros, dentro del procedimiento de liquidación concursal de Grupo Lledó, lo que abre interrogantes sobre el futuro del proyecto.
Fuentes municipales han trasladado a Noticias para Municipios que el proyecto presentado actualmente será rechazado en base a informes técnicos que aconsejan su desestimación «por la falta de cumplimiento de los requisitos legales y urbanísticos exigidos». Estas deficiencias habrían provocado la paralización del expediente.
El 10% de vivienda protegida, frente al 20% que exige el Ayuntamiento
Uno de los principales puntos de fricción es la reserva de vivienda protegida. La propuesta presentada por la promotora contempla destinar a este fin el 10% de las viviendas, mientras que el Ayuntamiento reclama un mínimo del 20%.
El Gobierno municipal considera que este porcentaje es necesario para responder a las necesidades residenciales de Móstoles y sostiene que el desarrollo de la parcela debe ajustarse a las obligaciones urbanísticas aplicables.
Asimismo, el Ejecutivo local pretende que los vecinos de Móstoles tengan acceso prioritario a las viviendas protegidas que puedan construirse en el ámbito, siempre dentro de los límites establecidos por la legislación vigente.
El desacuerdo sobre la vivienda protegida se suma a los incumplimientos señalados durante la tramitación y constituye uno de los elementos centrales del rechazo anunciado. Por el momento, la decisión se refiere a la propuesta actual y no supone necesariamente el abandono definitivo del desarrollo residencial.
Una subasta de 50 millones de euros en plena incertidumbre urbanística
El nuevo obstáculo administrativo coincide con la puesta en el mercado de los terrenos de la antigua fábrica. La parcela ha salido a subasta con un precio de partida de 50 millones de euros en el marco de la liquidación concursal de Grupo Lledó, según la información publicada recientemente por Noticias para Municipios.
La operación sitúa el futuro de los terrenos en una doble encrucijada: por un lado, la resolución de la situación patrimonial y la eventual adjudicación del suelo; por otro, la necesidad de contar con una propuesta urbanística que cumpla las condiciones exigidas por el Ayuntamiento.
La adquisición de los terrenos por un nuevo propietario no garantizaría, por sí sola, que las obras pudieran comenzar de inmediato. El desarrollo deberá ajustarse al planeamiento y a los procedimientos administrativos que resulten aplicables.
La cifra de casi 600 viviendas representa, por tanto, una previsión residencial cuya materialización continúa pendiente de la evolución de los trámites urbanísticos y de la situación de la parcela. El rechazo anunciado añade incertidumbre a una operación que ya estaba condicionada por el procedimiento concursal.
Pendientes del Pleno y del futuro de la parcela
La decisión que adopte el Pleno municipal será el próximo hito para conocer el alcance administrativo del rechazo y sus consecuencias sobre el expediente SUNC-3. También será determinante la evolución de la subasta y la posible entrada de un nuevo propietario que quiera impulsar el desarrollo residencial.
Queda por aclarar cómo afectará la decisión municipal a la propuesta existente, qué pasos serían necesarios para retomar la tramitación y si el proyecto deberá reformularse para adaptarse a las exigencias de vivienda protegida.
De momento, las casi 600 viviendas previstas en los terrenos de la antigua fábrica de Lledó vuelven a quedar condicionadas por la tramitación urbanística. La intención municipal de mantener el desarrollo residencial sigue sobre la mesa, pero su materialización dependerá de que se resuelvan los obstáculos administrativos y se cumplan las obligaciones exigidas para la parcela.