El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga desde hace años la trama Púnica y las ramificaciones que afectan a los exalcaldes de Móstoles Esteban Parro y Daniel Ortiz, ambos del PP, ya acordó hace varios meses la apertura de juicio oral para esta trama relacionada con la empresa Waiter Music.
De hecho, García Castellón ya concluyó en julio de 2022 la instrucción de la pieza separada número 7 de la trama Púnica, que investiga el pago de presuntas comisiones ilegales a cambio a adjudicaciones de contratos para fiestas municipales de varios municipios gobernados por el PP entre 2004 y 2013.
En esta causa están siendo investigados tanto el exalcalde Esteban Parro como Daniel Ortiz, quien también se encuentra procesado en la pieza 6 de la trama ‘Púnica’ por las supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos públicos a la empresa Cofely.
Dentro de la trama Púnica
Según ha adelantado la Cadena Ser y ha confirmado Noticias para Municipios, ya se ha fijado el calendario para celebrar las vistas de este juicio. No será hasta enero de 2026 cuando los exalcaldes Esteban Parro y Daniel Ortiz tengan que sentarse finalmente en el banquillo de los acusados.
En un escrito, al que ha tenido acceso Noticias para Municipios, se fija la comparecencia de Esteban Parro y Daniel Ortiz, así como del resto de investigados en la trama, para los días 19, 20, 21 y 22 de enero de 2026. También fija citaciones para los meses de febrero y marzo de 2026.
En esta causa también se sentarán en el banquillo al exconsejero madrileño Francisco Granados, como principal investigado en este trama, y otros 13 investigados, entre los que también se encuentra el exalcalde de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada.
Dos exalcaldes de Móstoles investigados
Según el auto de apertura de juicio oral de julio de 2022, para el exalcalde Esteban Parro, la Fiscalía Anticorrupción solicitaba dos años y 8 meses de prisión por un delito continuado de fraude en la contratación e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de 9 años. También solicita pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por 10 años por un delito continuado de prevaricación administrativa.
En cuanto al exalcalde Daniel Ortiz, la Fiscalía solicitaba inhabilitación especial para empleo o cargo público de 8 años por un delito continuado de prevaricación administrativa, sin pena de prisión en este caso.
En cuanto a la responsabilidad civil y según el auto del juez García Castellón de 2022, se procede a fijar para Esteban Parro y Daniel Ortiz, entre otros la cantidad de 50.000 euros.