El Ayuntamiento deberá desembolsar 11 millones por una expropiación mal realizada hace 30 años
Leganés deberá afrontar tres sentencias que le condenan a pagar cantidades millonarias, una de ellas, más de 11 millones de euros. El alcalde advierte del “quebranto” económico que supondrán.
LEGANÉS / 28 SEPTIEMBRE 2015 / La sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado al Ayuntamiento de Leganés al pago de un montante de 11 millones de euros –entre principal e intereses de demora- por una expropiación indebida hace 30 años.
El alcalde, el socialista Santiago Llorente, ha confirmado la condena en firme (ya no se puede recurrir) por una expropiación “mal hecha” en lo que hoy es el Parque Picasso, en la avenida de La Mancha. Aunque el regidor no ha facilitado más detalles, sí ha advertido de que esta resolución judicial supondrá un “quebranto” para las arcas municipales en tanto que esta cantidad no ha sido provisionada por los Gobiernos de Leganés, el actual y el anterior del PP.
Pero no es la única sentencia contraria a los intereses municipales. Según Llorente, el Consistorio leganense deberá abonar otro millón de euros por un contencioso judicial, así como otra cantidad “millonaria” por el caso del antiguo colegio Azorín.
En este último expediente, el juzgado ha dado la razón a una familia que cedió una parcela para instalaciones educativas en el barrio de Vereda de los Estudiantes. Inicialmente, el Consistorio levantó allí el antiguo colegio ‘Azorín’, que terminó siendo utilizado como centro cultural. La familia consideró que esta medida no respetaba el acuerdo de uso de suelo, y recurrió ante la Justicia. Ha ganado.
Expropiaciones en ‘LEGATEC’
Leganés deberá afrontar, así, más de 13 millones de euros con estas sentencias, a las que podrían sumarse otras por las expropiaciones de suelo en la primera fase del polígono industrial ‘Leganés Tecnológico’ (Legatec).
Según fuentes próximas a este caso, muchas de ellas se encuentran “paralizadas de momento”, aunque podrían reactivarse durante esta Legislatura si el Ejecutivo socialista no alcanza acuerdos con los litigantes.
