La ermita de San Nicasio de Leganés ha dado un paso decisivo hacia una mayor protección patrimonial. La Comunidad de Madrid ha iniciado el expediente para declarar el templo Bien de Interés Patrimonial (BIP), en la categoría de Monumento, reconociendo formalmente el valor histórico y artístico de uno de los edificios más representativos de la ciudad.
La decisión autonómica llega después de un recorrido iniciado en el propio municipio. En noviembre de 2025, el Pleno del Ayuntamiento de Leganés aprobó solicitar a la Comunidad de Madrid la declaración de la ermita como Bien de Interés Cultural (BIC). Aquella iniciativa había partido de la Junta Municipal de Distrito de San Nicasio, después de una propuesta de la Asociación de Vecinos del barrio.
Ahora, casi un año después de aquella petición, la Administración regional ha abierto formalmente un procedimiento de protección, aunque con una categoría diferente de la que reclamaba el Ayuntamiento.
La Comunidad reconoce su valor histórico y artístico
La resolución autonómica, fechada el 2 de septiembre de 2026 y publicada en el BOCM el 16 de septiembre, señala que la ermita, atribuida a Ventura Rodríguez, destaca por su interés histórico-artístico y constituye un ejemplo de una tipología de templo especialmente valorada en la arquitectura española de la segunda mitad del siglo XVIII, siguiendo el modelo del clasicismo romano.
El templo fue construido entre 1775 y 1785 y presenta una arquitectura neoclásica. Su planta de cruz griega, la cúpula central y los elementos clásicos forman parte de los valores arquitectónicos que han llevado a la Comunidad a iniciar el procedimiento.
Pero el interés patrimonial no se limita al edificio. En su interior se encuentran también elementos artísticos contemporáneos de especial relevancia para la historia cultural de Leganés, entre ellos el retablo de bronce de Luis Arencibia y los murales del pintor Manuel Alcorlo. La documentación también destaca el valor del archivo histórico vinculado al templo.

BIC frente a BIP: la diferencia que marca el nuevo escenario
La principal novedad respecto a la reivindicación planteada en 2025 es la categoría de protección. El Ayuntamiento había solicitado que la ermita fuera declarada Bien de Interés Cultural (BIC). La Comunidad de Madrid ha optado, al iniciar el procedimiento, por la figura de Bien de Interés Patrimonial (BIP), en la categoría de Monumento.
Esto significa que el expediente que acaba de comenzar no supone todavía la declaración definitiva del inmueble. Se trata de la incoación del procedimiento, el paso administrativo mediante el cual la Comunidad inicia formalmente la tramitación.
La resolución ordena solicitar informes a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Real Academia de la Historia y el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Estas instituciones disponen de un plazo de dos meses para emitir sus informes.
Además, se ha abierto un periodo de información pública de un mes desde la publicación de la resolución en el BOCM, durante el cual las personas físicas o jurídicas interesadas pueden examinar el expediente y presentar alegaciones.

Una protección que llega mientras se estudia su reforma
La apertura del expediente adquiere especial relevancia porque la protección patrimonial coincide con otro proceso que afecta al futuro del edificio. Desde 2021, el Ayuntamiento de Leganés y la Diócesis de Getafe vienen estudiando una reforma integral de la iglesia, según la información publicada tras la incoación del expediente.
La declaración patrimonial puede convertirse así en un elemento importante a la hora de abordar cualquier actuación futura sobre el inmueble, al quedar sometidas las intervenciones a las condiciones derivadas de su protección cultural.
La cuestión ya no es únicamente cómo conservar la ermita, sino también cómo compatibilizar su conservación, su uso religioso y la puesta en valor de los elementos históricos y artísticos que forman parte del conjunto.
Para Leganés comienza ahora una nueva etapa en la historia de uno de sus edificios más antiguos y reconocibles. La reivindicación de una protección integral que llegó al Pleno municipal en 2025 ha encontrado respuesta en 2026 con la apertura de un expediente autonómico. Queda por delante conocer el alcance definitivo de esa protección y cómo se integrará con el futuro de la iglesia y de su entorno.
