La Cámara de Cuentas detecta irregularidades en los contratos del “caso Aparcamientos”
Según el PP, pudo haber fraccionamiento de contratos para adjudicar cuatro expedientes a empresas vinculadas a Roblepark
LEGANÉS / 10 SEPTIEMBRE 2014 / Una auditoría de la Cámara de Cuentas de Madrid sobre los contratos del ‘Servicio de colaboración y asistencia para la recaudación a través de cajeros y máquinas automática’ en varios aparcamientos municipales ha detectado presuntas “irregularidades”, entre ellas presuntos fraccionamientos de contratos para adjudicárselo a la empresa ‘Roblepark’, implicada en otro caso judicial de Getafe.
Según ha informado este lunes del PP, este informe revelaría que el Ayuntamiento de Leganés, durante el Gobierno del socialista Rafael Gómez Montoya de 2010 y 2011, “mantenía la prestación del servicio (recogida de fondos de cajeros automáticos, traslado y distribución del efectivo) desde 2008, mediante un contrato administrativo, por un importe máximo de 59.000 euros con una duración de dos años”.
El 23 de noviembre de 2010 se firmó un nuevo contrato, por un importe máximo de 55.600 euros, tras un “procedimiento negociado sin publicidad donde, en base a un pliego de prescripciones técnicas”, se invitó a cuatro empresas a que presentan sus proposiciones económicas y técnicas.
Según la Cámara, “las cuatro empresas invitadas a participar estaban relacionadas entre sí (el firmante del contrato inicial con la empresa que lo venía gestionando era administrador único de otra de las sociedades y fue también apoderado de otra de ellas un tiempo después. En la cuarta uno de los consejeros es un representante de la propia sociedad que venía prestando el servicio y que volvió a ser adjudicataria por segunda vez, al obtener la mayor puntuación)”.
Según el alcalde de Leganés, Jesús Gómez, “a estos contratos firmados de forma dudosa se suman otro tipo de irregularidades apreciadas por el organismo auditor”.
Con ello se refiere a diversas apreciaciones que aparecen en el informe como “irregularidades o deficiencias en los expedientes de modificación presupuestaria”; “irregularidades en los saldos de Balance de Situación, que no representan la realidad de las deudas pendientes”; “falta de motivación y de justificación de concurrencia” en algunos convenios firmados por el anterior equipo de Gobierno y un “retraso injustificado en la tramitación de varios expedientes”.
Corresponsal / David García