Una reforma de la Justicia del Gobierno podría dejar sin Juzgados a los municipios madrileños
CCOO ha denunciado que el Gobierno de Rajoy ha presentado una reforma que, además de la privatización de los Registros Civiles, pretende eliminar los Juzgados de los municipios. Si esta reforma se aprueba, tal y como recoge su anteproyecto, los 21 partidos judiciales de la Comunidad, entre ellos Getafe, Leganés, Alcorcón, Parla y Móstoles, desaparecerían.
MUNICIPIOS / 30 JUNIO 2014 / Comisiones Obreras ha denunciado hoy que el Gobierno del Partido Popular, liderado por Mariano Rajoy, con Alberto Ruíz-Gallardón como Ministro de Justicia, ha presentado un anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que “altera radicalmente el mapa judicial español al suprimir los actuales Partidos Judiciales y los Juzgados de Paz y creando, en cada provincia y con sede en su capital, un único órgano judicial base, los llamados Tribunales Provincial de Instancia”.
Actualmente, en la Comunidad de Madrid existen 21 partidos judiciales que cuentan con Juzgados propios, entre ellos las ciudades de Getafe, Leganés, Alcorcón, Móstoles, Parla o Fuenlabrada, los cuales acercan la Justicia a los ciudadanos. Desde CCOO afirman que si esta reforma se aprueba “tal y como recoge el anteproyecto”, ese servicio público desaparecería de los municipios, obligando así a los ciudadanos de éstas y otras localidades cercanas a desplazarse hasta Madrid para resolver cualquier reclamación por impago en una comunidad de vecinos, un accidente de tráfico en el municipio, un divorcio o, incluso, que las víctimas de violencia de género se tengan que trasladar a la capital para lograr protección de un Juez de Violencia.
El sindicato ha denunciado también que, entre otras reformas propuestas por Gallardón, el Ejecutivo nacional ha anunciado ya la privatización del Registro Civil en el que es obligatorio inscribir todo tipo de datos relevantes de cualquier ciudadano, como nacimiento, filiación, matrimonios, incapacidades, defunción, etc.
En resumen, explican desde CCOO, se trata de medidas “para desmantelar a saldos el servicio público de la Administración de Justicia, de una vulneración de un derecho fundamental recogido en la Constitución Española, que es el derecho a la tutela efectiva, que deja a millones de ciudadanos indefensos y, de paso, pretende llevarse por delante miles de puestos de trabajo”. Por ello, el sindicato anuncia que llevará a cabo todas las acciones necesarias para “intentar parar este grave retroceso en derechos”.
Corresponsal/ Arantxa Naranjo