El Gobierno local de Getafe ha anunciado que llevará a los juzgados las actuaciones de la Mancomunidad Sur de Residuos por la compra presuntamente ‘inflada’ de varias parcelas por un 500% más de su precio de tasación, unos terrenos que servirán para ampliar las instalaciones del vertedero de Pinto.
El Ejecutivo getafeño ha anunciado que votará en contra de varios «puntos polémicos» de la asamblea de la Mancomunidad del Sur de este martes, al considerar que son «contrarios a los compromisos adquiridos anteriormente, o por las dudas jurídicas que se plantean con informes internos de la propia Mancomunidad».
Fuentes municipales han señalado que punto más polémico es «la compra de varias parcelas para ampliar la vida útil del vertedero de Pinto otros 20 años». Según consta en la documentación, «se hará por un precio cerca de un 500% superior a la tasación original».
Si la propuesta prospera, Getafe llevará el contencioso a los tribunales de justicia, «ante la falta de justificación técnica, económica y jurídica», según argumenta.
Y es que, a juicio del municipio que dirige la socialista Sara Hernández, «con esta adquisición de parcelas, la dirección actual de la Mancomunidad del Sur y la Comunidad de Madrid, rompen el compromiso adquirido la pasada legislatura, donde se acordó que esta sería la última fase del vertedero de Pinto y se abriría un nuevo vaso en los municipios del oeste».
La opción de este segundo vertedero permitirá reducir el depósito de las basuras en Pinto procedente de todos los municipios de la franja ‘acaudalada’ de la región, que «recorren cada día cientos de kilómetros para tirar su basura en el sur».
En el plano técnico, dadas las dudas jurídicas y no justificadas por la presidencia de la Mancomunidad sobre el sobrecoste en la compra de las parcelas, Getafe se pregunta que cómo es posible que «no se haya valorado la oportunidad de trasladar el vertedero a otro de los municipios, diversificando la gestión de los residuos y evitando que nuevamente el sur cargue con todo el peso y sus consecuencias negativas».
Contratación por primera vez de personal de confianza
Otro de los aspectos que llevan al debate es la contratación por primera vez de personal de confianza para esta Mancomunidad, por un coste que supera los 100.000 euros anuales.
Un informe de la secretaria de la Mancomunidad, Patricia Mata -al que ha tenido acceso Noticias para Municipios-, admite que en la Plantilla de Personal y la Relación de Puestos de Trabajo, «actualmente no se encuentra previsto el puesto de trabajo reservado al personal eventual».
Además, determina que «el personal eventual solo podrá desempeñar funciones expresamente calificadas de confianza y/o asesoramiento especial». Esto implica que este personal «no podrá realizar funciones que coincidan con el asesoramiento que corresponde tanto a los funcionarios con habilitación de carácter nacional como a las funciones propias de los funcionarios de la propia Corporación y que, a su vez, correspondan a las Escalas de Administración General o Administración Especial».
Según el informe jurídico elaborado, al que también ha tenido acceso esta publicación digital, «la cuantía propuesta para el puesto objeto del expediente asciende a 75.103,33 euros brutos anuales, con un coste total estimado superior a 101.389,50 euros incluyendo cotizaciones empresariales».
Este informe advierte, no obstante, que la retribución propuesta de
75.103 euros brutos anuales «se sitúa por encima de los niveles retributivos máximos publicados en municipios de mayor población», como Móstoles, por ejemplo.
Un «despilfarro»
«Este despilfarro se une a otras decisiones dudosas, como que el alcalde de Sevilla la Nueva, Asensio Martínez, actual presidente de la Mancomunidad, quiera hacer uso de los vehículos oficiales de la misma«, han apuntado desde Getafe.
Ampliación del vertedero
El Gobierno local getafeño ha recordado, por último, que el actual vertedero ocupa también parte de Getafe porque el exalcalde del Partido Popular, Juan Soler, se abstuvo de presentar alegaciones a su ampliación el 5 de junio de 2012, perjudicando con ello no solo a la ciudad sino al valor medioambiental del entorno.
«Ahora, a pesar de que la ciudad está implicada por aquella negligente gestión, no se ha consultado al municipio para la polémica nueva fase», han señalado las mismas fuentes.
