La detención en Coslada de cinco presuntos grafiteros cuando, supuestamente, se disponían a pintar un convoy de Metro de Madrid ha vuelto a situar sobre la mesa un problema que va mucho más allá de una simple pintada. Detrás de estos actos hay costes de limpieza, vigilancia, reparación de infraestructuras y recursos policiales, además del deterioro de la imagen urbana que sufren ciudades como Coslada.
La intervención de la Policía Nacional se produjo sobre las 06.00 horas, coincidiendo con la hora punta del transporte público. Los agentes localizaron a cinco jóvenes en actitud sospechosa en el interior de un vehículo y, tras inspeccionarlo, encontraron 57 botes de espray, boquillas, dispositivos eléctricos, cámaras de acción y drones.
Según la investigación, los detenidos pretendían grabar la acción para compartir posteriormente las imágenes en redes sociales y obtener notoriedad e incluso beneficios económicos mediante ese contenido.
Un problema que cuesta dinero público
Más allá del hecho policial, el caso vuelve a poner de manifiesto el impacto que las pintadas vandálicas tienen sobre los municipios. Cada grafiti obliga a movilizar recursos públicos para eliminar las pintadas de fachadas, mobiliario urbano, parques, estaciones o infraestructuras, además del trabajo que realizan los cuerpos policiales para prevenir y perseguir este tipo de delitos.
En el caso del transporte público, las pintadas sobre trenes o convoyes de Metro también pueden obligar a retirarlos temporalmente del servicio para proceder a su limpieza, con el consiguiente coste económico y las molestias que ello puede ocasionar a los usuarios.
Del grafiti a las redes sociales
Las investigaciones policiales reflejan además un cambio en este fenómeno. En muchos casos, el objetivo ya no es únicamente dejar una firma sobre una pared o un tren, sino grabar la acción para conseguir miles de visualizaciones en redes sociales, donde algunos autores logran notoriedad e incluso ingresos gracias al contenido publicado.
La utilización de cámaras deportivas y drones intervenidos en Coslada apunta precisamente a esa nueva forma de entender el vandalismo urbano, en la que la repercusión digital se convierte en un incentivo añadido.
Una mala imagen
Las pintadas vandálicas no solo generan un gasto económico. También afectan a la percepción del espacio público y obligan a mantener campañas permanentes de limpieza y conservación para evitar la degradación de calles, edificios e instalaciones.
La actuación policial desarrollada en Coslada evitó, presuntamente, que un convoy de Metro resultara dañado, pero el caso vuelve a evidenciar el reto al que se enfrentan muchas administraciones para combatir un fenómeno que encuentra en las redes sociales un nuevo escaparate y que termina repercutiendo en el bolsillo de todos los ciudadanos.