La alcaldesa pide explicaciones al PP sobre los contratos con la empresa ‘Waiter Music’, en los que el juez ve “incicios de delito”
ALCORCÓN/ 15 SEPTIEMBRE 2020/ La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés (PSOE), ha destacado que el último auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón relativa a contratos con la empresa Waiter Music de la trama Púnica aporta “indicios claros de delito” del anterior Gobierno municipal, del PP.
Así lo ha señalado la regidora socialista después de que el magistrado haya solicitado en su último auto, en el marco de la pieza separada número 7, que el juzgado competente investigue los contratos con Waiter Music cuando David Pérez (PP), actual Consejero de Vivienda y Administración territorial era alcalde de Alcorcón.
Fue la propia De Andrés quien en 2014, cuando estaba en la oposición, llevó a los tribunales tres contratos adjudicados en 2011, 2012 y 2013 a la empresa Waiter Music, por valor de 550.000 euros cada uno, y a dos contratos menores de mantenimiento adjudicados a Cofely, otra de las empresas vinculadas con la Púnica.
“Lo que está claro es que el auto del juez es contundente y está diciendo que hay indicios claros de delito del Gobierno anterior con la contratación de una empresa corrupta, como es Waiter Music, que utilizaba esos medios para financiar de manera irregular al PP, por lo que lo traslada a los juzgados locales”, ha señalado De Andrés.
El juez se inhibe
La alcaldesa ha explicado que el juez se inhibe en este asunto, en favor de un juzgado local, dado que el ámbito de actuación del caso Púnica “analiza unas fechas determinadas, que son las que afectaban a los periodos del mandato del señor Francisco Granados -exsecretario general del PP de Madrid-“.
“Esto, como se produce posteriormente, queda fuera de la pieza Púnica, pero tanto la Fiscalía como el propio juez en este auto ven claros indicios y por eso lo remite a los juzgados de Alcorcón“, ha insistido De Andrés, quien asegura que tanto su grupo como el Ayuntamiento están analizando posibles actuaciones jurídicas.
La alcaldesa ha subrayado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Alcorcón están analizando “como parte afectada” la resolución del juez de la Audiencia Nacional, ya que “evidentemente hay alguien que cobró de las arcas públicas del Consistorio, pues tendrá también que defender sus intereses”.
Además, ha pedido explicaciones a varios de los actuales concejales del grupo municipal popular, que formaban parte de aquel Gobierno, como Ana Gómez, actual portavoz, Luis Galindo, que era edil de Cultura cuando se adjudicaron los contratos investigados o Roberto Marín, que era entonces coordinador de Cultura.
“Ellos saben perfectamente qué es lo que pasaba aquí”, ha añadido la alcaldesa, reiterando que ahora ya no solo hay “una denuncia de un grupo”, sino que “ahora esa evidencia está avalada por un informe del fiscal, está avalada por un auto judicial”, aunque ha remarcado “la presunción de inocencia, que le corresponde a todo el mundo”.