La propuesta exige además que “se asigne una partida presupuestaria para la adquisición de material de prevención”
MÓSTOLES/ 9 JULIO 2020/ El Ayuntamiento de Móstoles ha instado a la Comunidad de Madrid a “mejorar y aumentar las plazas residenciales públicas” para mayores de la localidad y “ejercer un mayor control en las privadas”, después del “proceso continuado de abandono, deterioro e intentos de privatización” de estos centros.
La propuesta, que ha sido aprobada este miércoles en el Pleno municipal, exige además al Gobierno regional que “se asigne una partida presupuestaria para la adquisición de material de prevención”, así como que se controle “que las residencias privadas también lo tengan”.
La moción, presentada por el PSOE, pide también a la Comunidad la creación de una mesa de trabajo con los distintos grupos políticos para “una profunda reflexión de los modelos residenciales que nos lleve a una mejor atención a las personas mayores y con diversidad funcional”.
Denuncia al Consejero
Esta propuesta se produce después de que el Ayuntamiento de Móstoles haya trasladado su intención de denunciar ante los Juzgados y la Fiscalía al Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por “decidir arbitrariamente quién debía recibir asistencia hospitalaria y quién no en las residencias de mayores”.
El Gobierno municipal, formado por PSOE y Podemos, pretende que se investigue si las residencias de mayores de gestión privada y pública autonómica se aplicó el protocolo que determinaba qué enfermos tenían derecho a ser atendidos en los hospitales y cuáles no.
El objetivo es conocer si en las residencias de mayores de la localidad –Parque de Coimbra, Domus VI Ciudad de Móstoles, Coimbra Park, Alameda de Coimbra, Las Camelias, Nuestra Señora de La Esperanza y Sar Quavitae– se aplicó este protocolo por orden de la Consejería de Sanidad y determinar responsabilidades.
Si se demuestra que fue así, entienden que podría existir “un presunto delito de vulneración de los derechos fundamentales y libertades públicas y otro presunto delito de omisión del deber de socorro”, según señaló el Consistorio en un comunicado.