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La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse (PSOE), ha avanzado este miércoles que han logrado «sacar al Instituto Municipal del Suelo (IMS) del concurso de acreedores» gracias al la propuesta de regulación presentada por la dirección de la empresa pública de vivienda.

«Por fin hemos sacado a la empresa del concurso de acreedores. Los puestos de trabajo están garantizados y la empresa se va a encargar de realizar vivienda, que es lo que vamos a hacer este año«, ha señalado la regidora socialista tras una rueda de prensa, donde ha presentado el programa cultural de verano de la ciudad.

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Este anuncio se produce el mismo día en que se ha conocido que el portavoz de Más Madrid Ganar Móstoles, Gabriel Ortega, ha sido citado a declarar como investigado por posibles delitos cometidos, precisamente, en su etapa al frente del IMS, algo que la alcaldesa no ha querido valorar.

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«Voy a respetar a los jueces. Nosotros mandamos hacer una auditoría, nos encontramos con una empresa quebrada y con peligro de que perdieran los puestos sus trabajadores y demás. Entró en concurso de acreedores y hoy lo que les quiero anunciar es que la empresa ha salido del concurso», ha reiterado ante preguntas de los medios.

El portavoz de Más Madrid Ganar Móstoles, Gabriel Ortega/ MMGM

Querella del IMS

El origen de la citación de Ortega es una querella, presentada por el propio IMS, empresa pública dependiente del Ayuntamiento de Móstoles, actualmente gobernado por PSOE y Podemos, y se remonta a los años en los que Ortega formó parte del Gobierno municipal, junto a PSOE e IUCM-LV, donde presidió el IMS entre 2017 y 2018.

Según la auditoría, tras la reformulación de la contabilidad, se dejó al descubierto una deuda con el Ayuntamiento de Móstoles, único accionista de la empresa, de «más de 56 millones de euros», lo que obligó al Consejo de Administración del IMS a presentar un escrito de apertura de preconcurso de acreedores.

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Desde el Ayuntamiento, señalaban directamente a la gestión de Gabriel Ortega al frente del IMS, a quien también acusaron de negarse a auditar la empresa pública en 2018, como habría ordenado la alcaldesa Noelia Posse, y al que advirtieron de que tomarían acciones legales.

En su defensa, el propio Gabriel Ortega señalaba recientemente a Noticias para Municipios que se limitó a «cumplir las sentencias del TSJM que decían que el Ayuntamiento había hecho una chapuza de proceso administrativo que se anula y por eso es responsable de aquellas sentencias que le condenan a pagar hasta 39 millones de euros».

«Si hay alguien que actuó mal con esto, desde luego no fuimos nosotros, fueron, en primer lugar, quienes hicieron ese diseño desastroso de las expropiaciones en el año 2001 y quienes posteriormente no pagaron las condenas que venían reflejadas en las sentencias provocando intereses de demora de hasta 1 millón de euros anuales», ha añadido.

Además, ha recordado que el Gobierno municipal empezó a articular este discurso y esta práctica «después de la presentación de su querella por el Caso ITV», un caso en el que tuvieron que declarar como investigados la alcaldesa Noelia Posse y varios miembros de su equipo de Gobierno y que fue archivada hace unos meses.

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