El juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles acordó la semana pasada el archivo provisional del llamado ‘Caso ITV’, donde estaban siendo investigados la alcaldesa, Noelia Posse (PSOE), y gran parte de los miembros de su Ejecutivo local por una presunta condonación de una deuda a la empresa ITV Móstoles S.L.
En el auto, al que ha tenido acceso Noticias para Municipios, la magistrada acuerda el sobreseimiento provisional de esta causa, que afectaba a Posse y a otros 7 ediles del Gobierno municipal, al justificar que «en ningún momento ha existido voluntad por parte de la Junta de Gobierno Local de causar un perjuicio para las arcas públicas», tal y como denunciaban los dos ediles de Más Madrid Ganar Móstoles.
Sin embargo, el portavoz de Más Madrid Ganar Móstoles, Gabriel Ortega, quien puso la querella que inició el caso, no está de acuerdo con este archivo y ya ha recurrido su archivo en la Audiencia Provincial al entender que “hay poderosos motivos fundados en derecho para discrepar de las conclusiones a las que se llega en ese auto”.
En la primera entrevista que concede a un medio tras conocerse el archivo provisional del llamado ‘Caso ITV’, Ortega ha explicado a Noticias para Municipios las razones de por qué han recurrido este auto.
Pregunta: Buenos días, lo primero de todo, preguntarle por la última noticia que hemos tenido la semana pasada, ese archivo del llamado Caso ITV. Ustedes como querellantes que dieron inicio a este caso, ¿qué van a hacer ahora, imagino que van a recurrir?
Respuesta: Bueno, lo que ha pasado la semana pasada es que ha habido un sobreseimiento provisional. Esto es muy importante de subrayar, porque en el Ayuntamiento de Móstoles hay quien lo ha celebrado como si hubiera ganado la Champions, y en la Champions como todo el mundo sabe, hay partido de ida y partido de vuelta. Nosotros respetamos las reflexiones que hace la señora jueza María Pinto, en ese auto, pero discrepamos profundamente, jurídicamente, de las conclusiones que saca en ese auto y afortunadamente el estado de derecho es garantista y lo que te dice es: cuando discrepas -que se puede discrepar de un juez o una jueza- jurídicamente de un determinado de un determinado acto judicial tienes la opción de presentar un recurso de apelación en segunda instancia ante la Audiencia Provincial en este caso para que otros jueces puedan valorarlo. Es como cuando vas al médico y no te convence la opinión que te da y pides una segunda opinión a un médico para tener las garantías de que aquel diagnóstico que te han dado es el correcto. Pues eso es justamente lo que vamos a hacer.
“Ni siquiera se ha tomado declaración a los testigos, lo cual es muy importante, porque es la principal prueba de cargo”
Gabriel Ortega sobre la sentencia del Caso ITV
Nosotros creemos que hay poderosos motivos fundados en derecho para discrepar de las conclusiones a las que se llega en ese auto, creemos a además que ni siquiera se ha tomado declaración a los testigos, lo cual es muy importante, porque es la principal prueba de cargo. La querella presentada por Más Madrid Ganar Móstoles se basaba única y exclusivamente en informes municipales de los técnicos habilitados nacionales que son quienes tienen que decir si las decisiones tomadas se ajustan a la legalidad o no se ajustan a la legalidad. Y tenemos dos informes, nada menos que de un secretario y de un interventor, que dicen que no se ajustaron a la legalidad y por tanto actuamos jurídicamente. Creemos sinceramente que estamos haciendo una labor responsable de protección del interés público frente al interés privado y por eso vamos a recurrir y a apelar ante la Audiencia Provincial.
P: Decía que se ha celebrado mucho el auto provisional desde el PSOE y Podemos, que forman el Gobierno municipal, en parte porque la jueza dice en algunos puntos que quizá deberían haber utilizado otra vía que no fuera la penal, la vía administrativa, antes de interponer la querella… ¿Creen ustedes que hay vía para llevar esto penalmente, antes que administrativamente?
R: Desde luego que sí, sino no presentaríamos este recurso. Si consideramos que las reflexiones que hace la jueza cierran la vía y dejan negro sobre blanco que todas las actuaciones han sido correctas, pues hasta aquí hemos llegado, aquí nos quedaríamos y continuamos. Porque lo importante que debemos hacer los cargos públicos es proteger el interés general frente al interés particular. Ahora bien, no estamos de acuerdo y hay múltiples sentencias del Tribunal Supremo que establecen doctrina y jurisprudencia sobre este elemento y que establecen que cuando un caso es extraordinariamente lacerante puede presentarse ante lo penal, porque nosotros creemos que podrían haberse cometido delitos penales. Pero es que además nuestro grupo sí actuó administrativamente, claro que lo hicimos. Quizás la jueza no ha tenido esta información o no le ha llegado, pero Más Madrid Ganar Móstoles presentó una moción en el Pleno de Móstoles en la que se proponía la revocación de este acuerdo y el inicio de un procedimiento de lesividad, es decir, retroceder todos los pasos que se han dado. Según la ley, ese procedimiento de lesividad es equivalente a una impugnación administrativa, por tanto, eso sí que lo hicimos. Hemos actuado por todas las vías y tengo que decir que antes de las judiciales, actuamos por vías políticas, pero no funcionaron y entonces nosotros creímos y creemos que teníamos que cumplir con nuestra obligación como cargos públicos.
P: Más allá de los argumentos jurídicos que da la jueza o que hayan podido dar las defensas en este caso, el Gobierno municipal centra su defensa en que fue un caso para ayudar a una empresa que iba a ir a la quiebra, que había unas familias que se iban a quedar en el paro y que iba a ser el perjuicio que iba a provocar esa quiebra al Ayuntamiento mayor que al final que la condonación de la deuda…¿Usted entiende ese argumento político?
R: Lo respeto pero no lo comparto. En primer lugar tengo que decir que cualquier persona puede consultar las cuentas en el Registro Mercantil de esta empresa y la gente que trabajaba en esta empresa. Tengo que decir que la empresa registró estas cuentas con posterioridad, fuera del plazo, cuando ya se había iniciado el procedimiento judicial. Es decir, cuando fue valorada su situación en el Ayuntamiento, las cuentas de esta empresa ni siquiera habían sido elevadas a público, por tanto, no se hicieron bien las cosas. En esta empresa no había 30 personas trabajando, había 11. Y este no era el único camino para defender esos puestos de trabajo, porque lo que dice la ley es que el Ayuntamiento es privilegiado -en esto también discrepamos de la jueza por ser administración-, entendemos que podía recuperar el servicio, licitarlo de nuevo, subrogando a los trabajadores y trabajadoras para que conservasen su puesto de trabajo.
“¿Esta es la única empresa que ha tenido dificultades en Móstoles? ¿Por qué merece esta empresa un trato mejor o diferente que el que pueda requerir otra empresa?“
Gabriel Ortega considera que es grave que premien por no pagar impuestos
Y luego una cosa muy importante, la ley es igual para todos. ¿Esta es la única empresa que ha tenido dificultades en Móstoles? ¿Por qué merece esta empresa un trato mejor o diferente que el que pueda requerir otra empresa? Porque en los últimos dos años mucha gente lo ha pasado muy mal y muchas empresas, no creo que ITV Móstoles haya sido la única que haya tenido que enfrentar estas situaciones y de todos modos, como digo, se podía rescatar el empleo, y francamente no entendemos en qué beneficia la ciudad que una empresa durante 7 años no haya cumplido con sus obligaciones tributarias. De hecho el mensaje nos parece muy grave, porque a quien hay que premiar y reconocer es a quien cumple, no a quien incumple.
P: El Caso ITV ha sido de las polémicas más transcendentales de este mandato, pero también estamos ahora mismo con la empresa IMS, que está si quiebra, no quiebra o si el Ayuntamiento lo salva del concurso de acreedores. Entre las acusaciones que hace el Gobierno municipal señalan que, en la etapa en la que usted fue director gerente, se cometieron irregularidades o al menos equivocaciones que han llevado a esta empresa a la quiebra ¿Qué responde ante esas acusaciones?
R: Bueno, lo primero es que el Gobierno empezó a articular este discurso y esta práctica después de la presentación de nuestra querella por el Caso ITV. Y en segundo lugar, decir que el Gobierno está criminalizando a quienes resolvieron la situación de las expropiaciones del PP10, que estas son unas expropiaciones hechas hace 20 años por un gobierno del PSOE. ¿Qué dice el Gobierno? Que eso lo pagó el Ayuntamiento y no se reflejó en las cuentas del IMS, que son 39 millones de euros, porque si no yo habría tenido que afrontar la quiebra de la empresa. ¿Qué decimos nosotros? Con sentencias en la mano, lo que hizo el Gobierno municipal en el anterior mandato fue cumplir las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). ¿En qué se basa el Gobierno? En que en el año 2001 hubo un Pleno del Ayuntamiento en el que se decidió declarar al IMS beneficiario y gestor de las expropiaciones del PP10. Pero resulta que en el año 2006 llega una sentencia por la cual declara nulo de pleno derecho la decisión que se tomó en ese Pleno municipal. Si vamos al derecho y vemos lo que significa la nulidad de pleno derecho significa que ese acto administrativo no ha existido, no es válido en ninguno de esos aspectos y por tanto se disuelve la consideración de gestor y beneficiario de las expropiaciones del IMS y por tanto es el Ayuntamiento el único responsable del pago de las indemnizaciones sustitutorias de esas expropiaciones.
“Si hay alguien que actuó mal con esto, desde luego no fuimos nosotros. El Gobierno en el que yo participé fue el que cumplió las sentencias, el que pagó y el que terminó con el problema”
Gabriel Ortega sobre las acusaciones del IMS
Es algo un poco complejo técnicamente, pero la verdad solo tiene un camino y además te tengo que decir que esto que te estoy diciendo no es mi opinión como afectado, esto lo refleja el informe de Asesoría Jurídica, un informe profuso de 27 páginas, firmado por la titular de la Asesoría Jurídica y por el letrado Ignacio Alonso en el que señala claramente estos argumentos que te estoy comentando. El Ayuntamiento lo que hizo fue cumplir sentencias del TSJM que decía que el Ayuntamiento había hecho una chapuza de proceso administrativo que se anula y por eso es responsable de aquellas sentencias que le condenan a pagar hasta 39 millones de euros. Si hay alguien que actuó mal con esto, desde luego no fuimos nosotros, fueron, en primer lugar, quienes hicieron ese diseño desastroso de las expropiaciones en el año 2001 y quienes posteriormente no pagaron las condenas que venían reflejadas en las sentencias provocando intereses de demora de hasta 1 millón de euros anuales. El Gobierno en el que yo participé fue el que cumplió las sentencias, el que pagó y el que terminó con el problema.
P: Ha dicho usted que esta argumentación jurídica o política se construye después de que ustedes denunciarais el caso ITV… ¿Está acusando al Gobierno municipal, de alguna manera, de articular una falsedad para acusarles a ustedes?
R: Yo lo que estoy diciendo es que el Gobierno del que yo participé hizo lo correcto y que muchas veces en política, lamentablemente, las cosas se presentan para construir un relato, el famoso relato, independientemente de la realidad de las cosas, y estamos ante uno de esos casos.
P: Estamos viendo que las relaciones entre ustedes y los que anteriormente fueron socios de gobierno, el PSOE y Podemos, no son las mejores. Parece que va a seguir usted recurriendo la sentencia, no tiene visos de que la relación entre el Gobierno y ustedes vayan a cambiar en este año que queda de legislatura…
R: Nosotros creemos que ha sido una legislatura básicamente perdida, en la que no se han afrontado los retos y desafíos que eran necesarios y en la que se ha abandonado la agenda progresista consensuada que teníamos en el anterior mandato, excepto en algunas cosas que son las mejores que han pasado en este mandato, como por ejemplo, las obras en los colegios, que vienen dadas por el trabajo que se hizo en el mandato anterior para dar de alta todos esos proyectos, con la oposición de la Comunidad de Madrid, que tuvimos que batallar mucho para hacerlos posibles. Conseguimos darles el alta para dejarlo todo preparado para que se ejecutasen las obras y en este mandato se han ejecutado porque había un acuerdo transversal de todos los partidos para que esto fuera así.
Creemos que ha sido una legislatura básicamente perdida, en la que no se han afrontado los retos y desafíos que eran necesarios y en la que se ha abandonado la agenda progresista
Gabriel Ortega sobre los partidos de izquierdas
Nosotros no obstante hacemos política del qué, no del quien. Nos ponemos de acuerdo sobre los contenidos, no sobre los continentes, porque si un gobierno que se dice el más progresista de la galaxia, luego reproduce el modelo de residencias que lleva replicando el PP 25 años en Madrid y que sabemos lo que ha pasado con ese modelo en la pandemia, evidentemente nosotros vamos a estar enfrente con toda nuestra fuerza. Si el Gobierno municipal cumple los acuerdos a los que hemos llegado, porque no hemos dejado de llegar a acuerdos, acordamos los presupuestos de 2020, de 2021, del 2022, en parte para que nos abstuviésemos a cambio de que se aceptasen nuestras enmiendas, pero luego el Gobierno no cumple los acuerdos y no los ejecuta, pues es difícil trazar una buena relación, no estamos aquí para darle palmaditas en el hombro a nadie sino para que las políticas públicas que se hacen en Móstoles sean las que requiere la ciudadanía.
Redacción: Rubén S. Lesmas / Vídeo y edición: Sonia Baños