El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Móstoles, gobernado por PSOE y Podemos, por la impugnación del cese del antiguo interventor municipal, Caín Poveda, por lo que este deberá ser readmitido en su puesto.
El Ayuntamiento también se vio obligado hace unos meses a indemnizar al antiguo secretario general del Pleno, José López Viña, quien pidió seguir en su cargo tras cumplir los 65 años y que, tras una prórroga favorable de doce meses, finalmente, le fue denegado continuar en su puesto, siendo también cesado de forma irregular.
El antiguo interventor municipal impugnó su cese, que fue aprobado en Junta de Gobierno local el 5 de mayo de 2021, “por caducidad del procedimiento”, ante el Juzgado de Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid, que le dio la razón en mayo de 2022, aunque el Consistorio recurrió la impugnación.
Ahora, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM ha reiterado que la resolución del cese se comunicó a Caín Poveda fuera de plazo, al haber transcurrido más de tres meses desde el inicio del procedimiento, por lo que “declara su anulabilidad por caducidad del procedimiento”.
El Ayuntamiento de Móstoles alegó en su momento que el cese del entonces interventor municipal fue debido a la “pérdida de confianza”, una decisión que fue tildada de “purga” por la oposición al entender que no existían una clara motivación de su cese.
En este sentido, tanto PP como Más Madrid denunciaron en su momento que el cese del interventor se llevó a cabo poco después de que este denunciara ante el Tribunal de Cuentas las presuntas “irregularidades” del llamado ‘Caso ITV’, asunto por el que están investigados la alcaldesa, Noelia Posse (PSOE), y siete de sus ediles.
Relación con el ‘Caso ITV’
Desde ambas formaciones insistieron en que el interventor general del Ayuntamiento fue cesado después de “advertir de la ilegalidad” de condonación de una deuda de 2,4 millones de euros a una ITV radicada en la localidad madrileña, causa que ha reabierto recientemente la Audiencia Provincial de Madrid.
Desde el Consistorio argumentaron entonces que la decisión entraba “dentro del proceso de renovación que está llevando a cabo el Gobierno local para romper con cualquier rastro de corrupción en el Ayuntamiento” y que el hasta ahora interventor había sido “reasignado a un puesto acorde con su nivel como funcionario”.
“El Gobierno local ha perdido la confianza en este alto cargo, cuya firma está en los informes favorables a contratos que están siendo investigados por los tribunales de justicia españoles por presunta corrupción dentro de las tramas Púnica y Gürtel”, insistían desde el Ayuntamiento en un comunicado.
Además, mantenían que el cargo de interventor “es un cargo de libre designación, no está sometido a un proceso selectivo”, por lo que acusaban a la oposición de “mentir” sobre este punto, además de recordar que este interventor “dio el visto bueno a adjudicaciones que están bajo el punto de mira de la Justicia”.
“El hasta ahora interventor había sido nombrado a dedo por un alcalde y ha sido cesado por acuerdo de la Junta de Gobierno siguiendo el procedimiento administrativo legal correspondiente”, añadieron, apuntando también a la situación del Instituto Municipal del Suelo (IMS) como una de las razones de su cese.
En este sentido, afirmaban que el hasta ahora interventor era “el responsable de fiscalizar, sin ninguna objeción, los presupuestos del IMS, un ente con una deuda de unos 53 millones de euros que está al borde de la quiebra y en vías de presentación de un preconcurso, aprobado ya por su Consejo de Administración”.