La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado revocar el archivo del llamado ‘Caso ITV’ y reabrir el proceso judicial que investigaba a la actual alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse (PSOE), y siete ediles de su Ejecutivo local por una presunta condonación de una deuda a la empresa ITV Móstoles S.L.
Pese a que en mayo de 2022 el Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles acordó el sobreseimiento provisional de esta causa, al entender que “en ningún momento ha existido voluntad por parte de la Junta de Gobierno Local de causar un perjuicio para las arcas públicas”, ahora la Audiencia Provincial ha revocado esa decisión.
El auto, al que ha tenido acceso Noticias para Municipios, estima el recurso de apelación presentado por los dos ediles de Más Madrid, Gabriel Ortega y Susana Millán, y ordena revocar el archivo para los ocho miembros del Gobierno municipal querellados por condonar o fraccionar el pago de la supuesta deuda.
“Debemos revocar y revocamos el auto dictado por el Juzgado de Instrucción No 1 de Móstoles, en el sentido de dejar sin efecto ese sobreseimiento y ordenar al Juzgado Instructor que acuerde la transformación de la causa en Procedimiento Abreviado“, se insiste en el auto.
Además de la actual alcaldesa, estaban investigados el primer teniente de alcalde, David Muñoz; la concejala de Empleo y Nuevas Tecnologías, Rebeca Prieto; el de Seguridad, Convivencia, Cultura y Transición Ecológica, Alejandro Martín; y a la de Presidencia y Desarrollo Urbano, María Luisa Ruiz, todos ellos del PSOE.
También fueron investigadas la actual concejala socialista de Igualdad, Dolores Triviño; la anterior responsable de dicho área, Beatriz Benavides, también del PSOE aunque ahora jubilada y fuera de la Corporación; y la edil de Educación y Juventud, Natividad Gómez, esta última de Podemos.
Todos ellos, junto a la alcaldesa y el exedil de Hacienda y ahora de Recursos Humanos, Aitor Perlines (PSOE), que también fueron llamados a declarar por el mismo caso, formaban parte de la Junta de Gobierno local que aprobó la condonación de una deuda a la empresa ITV Móstoles S.L.
Presunción de inocencia
Tras conocer la revocación de este auto, desde el Consistorio insisten en la presunción de inocencia de la alcaldesa y sus ediles. En este sentido, reiteran que, “en medio de la pandemia”, esta empresa de Móstoles, que “además es una concesión del PP”, les informó de que “si no se revisan las condiciones de su concesión tendrá que cerrar y despedir a 40 personas”.
“De la misma forma que se eliminaron los cánones de las terrazas o la Comunidad de Madrid eliminó los de las Plaza de Toros de Las Ventas, nosotros pedimos informes al órgano responsable y este realizó unos informes favorables que además se añadieron a otros que informaban de la legalidad del asunto”, ha reiterado la edil de Desarrollo urbano, Marisa Ruiz, una de las personas investigadas
Ruiz ha insistido en que el asunto “fue juzgado y sobreseído” y que “ahora la Audiencia en su auto no prejuzga la resolución tomada por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Móstoles”, sino que “el auto lo que ordena es la continuación del procedimiento por vía ordinaria” sobre “esta querella política”.
Lo hace “a efecto de que las partes puedan exponer en detalle sus argumentos y que finalmente recaiga una decisión judicial sobre si puede haber unos posibles indicios de prevaricación dando ya por cerrado la acusación de malversación”, insiste la edil, reiterando que “la presunción de inocencia de toda la Junta de Gobierno sigue vigente”.
Querella de Más Madrid
La querella que dio pie a la investigación fue interpuesta en febrero de 2021 por los dos ediles de Más Madrid, Susana García y Gabriel Ortega, al entender que el Ayuntamiento “perdonó el cobro de las tasas” que suponen la utilización de suelo público para que la citada empresa desarrollara su actividad en la localidad.
En la misma, los ediles de Más Madrid aseguraban que la decisión de no cobrar la deuda responde al “mero capricho de la sociedad y de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, así como del tesorero” que atendieron “al interés de la empresa privada” y no al de la administración pública.
“La necesidad de la Administración era el cobro de la deuda contraída por la sociedad y no la condonación de más de la mitad de la deuda, el aplazamiento sin garantías e intereses de la deuda no condonada y la reducción del canon para los próximos 20 años”, añadían en su escrito.
Sin embargo, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles insistía en su auto de sobreseimiento, ahora revocado, en que había quedado “acreditado, pese a lo que dicen los querellantes, que el acuerdo alcanzado era favorable para las arcas públicas”.
En este sentido, reiteraba que el acuerdo alcanzado “era el mal menor”, ya que “si la mercantil ITV Móstoles S.L. hubiera sido declarada en concurso de acreedores el Ayuntamiento de Móstoles hubiera tenido serias dificultades para hacer valer su derecho de crédito frente a otros créditos privilegiados”.